SANTANDER, 3 (EUROPA PRESS)
La Asociación Desmemoriados ha presentado este miércoles una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), contra la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), y el concejal de Cultura, Javier Ceruti (Cs), ante lo que considera un “reiterado delito de desobediencia por parte de las autoridades municipales” al cumplimiento de la Ley de Memoria en cuanto al callejero de la ciudad, donde 17 vías aún tienen nombres franquistas, la pervivencia de símbolos de la dictadura y el Reglamento de Honores.
La agrupación ha solicitado la apertura de diligencias de investigación para determinar la posible responsabilidad penal de Igual y Ceruti en la comisión de un posible delito de desobediencia penado en el artículo 410.1 del Código Penal, en lo relativo al callejero de la ciudad de Santander y su no adaptación al ordenamiento legal sobre Memoria Democrática.
Según ha explicado en declaraciones a la prensa el representante de Desmemoriados, Roberto Ruisánchez, Santander todavía tiene nombres en su callejero que vulneran disposiciones legales sobre Memoria Democrática, tanto las leyes estatales de 2007 y 2022 como la autonómica de 2021.
Ruisánchez ha calificado de “infantiles” los “intentos de justificación” de esa vulneración por parque del equipo de Gobierno PP-Cs. En este sentido, ha matizado que el colectivo “en ningún caso dice que no haya cumplido con la ley sino que lo ha hecho de forma muy parcial”.
Por otra parte, ha recordado que la asociación se dirigió oficialmente al Ayuntamiento el pasado mes de noviembre y su respuesta “parecía una broma”; y entonces, entre diciembre y marzo de este año, contactó con los grupos municipales que creía “favorables al cumplimento de la ley”. “Porque se trata de eso, de cumplir la ley”, ha subrayado.
Ruisánchez también ha hablado de “excusas” de Ceruti en las últimas sesiones plenarias remitiéndose “al servicio de estadística municipal, que nos parece una excusa ingenua e infantil”.
La asociación resumió su petición de noviembre en dos calles “muy significativas”, como son General Dávila y Camilo Alonso Vega.
La primera tenía nombre anterior, el paseo del Alta, con lo que recuperarlo sería “un rescate histórico”. Según Ruisánchez, “el general Dávila y la memoria democrática de España tienen una correlación muy negativa. Es un poco vergonzoso que esta ciudad siga manteniendo ese nombre en una de sus vías principales”.
“Le han preguntado a la alcaldesa y ha dicho que no se puede volver locos a los vecinos: yo, si fuera vecino de esa calle, estaría loco de que se siga llamando así”, ha declarado Ruisánchez, para quien “hay nombres que, 80 años después, no dejan de ser sonrojantes”.
La otra calle, Alonso Vega, no tiene nombre histórico porque se abrió en época de la dictadura, y su denominación “tiene muy poco que ver con nuestra ciudad… y su correlación con la memoria democrática española es absolutamente negativa”, ha señalado.
En cuanto a los símbolos franquistas, “oficiales quedan pocos” porque se retiraron “los más evidentes” en aplicación de la Ley de 2007. Los que persisten son rótulos de yugos y flechas de la Falange en casas de protección.
Igualmente existen todavía lápidas en iglesias, algunas de ellas en la vía pública, lo que para Ruisánchez “no deja de ser un recordatorio de una parte de las víctimas de la Guerra Civil, no de todas”; y un Reglamento de Honores que la ciudad ha concedido en el pasado a “personas que tienen muy poco que ver con la memoria democrática”.
El representante del colectivo ha recordado que en 1996 el Ayuntamiento cambió 160 nombres de calles “de una atacada” y “no hubo ningún cataclismo”. “Ahora parece que el tema está reducido a entre 16 ó 17 y la alcaldesa ha declarado que es partidaria de cumplir la ley poco a poco; no sé qué quiere decir eso cuando llevamos más de 15 años incumpliendo la ley”.
La asociación había advertido que si en esta legislatura “no quedaba encarrilado el tema”, denunciaría a la justicia, que es lo que ha hecho hoy. “Ellos parece que no quieren cumplir la ley y nosotros queremos que la ley se cumpla, eso es todo”.
Desmemoriados ha acompañado la denuncia de nueve documentos oficiales de actas de plenos municipales y de la Comisión de Cultura, así como otra propia supera las 200 páginas.
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