El sindicato ve una “cacicada” que no se cree un consejo de seguimiento específico y el Gobierno dice que “está trabajando” en ello
SANTANDER, 27 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Cantabria decide que la Intervención General de la comunidad autónoma se encargue de ejercer la labor de supervisión de las empresas entidades del sector público y CC.OO tilda de “cacicada” que “renuncie” a crear un consejo de seguimiento para esa tarea “al que se había comprometido”.
Sin embargo, desde el Gobierno se ha asegurado en un comunicado que “está trabajando en el desarrollo de la creación de este Consejo que se encargará de llevar a cabo un análisis de la actividad desarrollada por las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles, las fundaciones y demás entes del sector público institucional autonómico de acuerdo con su plan de actuación, los principios y objetivos consagrados en su norma de creación, su presupuesto, informes de gestión y losacuerdos adoptados por sus órganos de gobierno y administración”.
La crítica de CC.OO se ha producido después de la orden publicada por el Gobierno en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) en la que se encarga a la Intervención la supervisión de las entidades del sector p*blico a través –dice el Ejecutivo– de un “sistema de supervisión continua” que, según ha asegurado, “permitirá reforzar el seguimiento y los controles ya existentes sobre las entidades del sector público institucional”.
“Se trata de un nuevo instrumento que contribuirá a la mayor eficiencia y eficacia en el empleo de los recursos públicos”, ha explicado la consejera de Economía y Hacienda, Ana BelénÁlvarez (PSOE).
En concreto, a través de este sistema de supervisión continua, la Intervención General de la Comunidad Autónoma controlará la actividad económica-financiera del sector, verificando, entre otras cuestiones, su sostenibilidad financiera, así como el cumplimiento de los fines quejustificaron su creación.
Para ello, según establece la orden elaborada por Economía, las entidades del sector público deberán remitir una memoria anual y un informe sobre las fuentes de financiación de los gastos y de las inversiones del organismo o entidad, así como su incidencia, en su caso, sobre los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
En el caso de los entes que tengan la consideración de Administraciones Públicas a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, deberán facilitar el cálculo de su necesidad de financiación, yaquellos que no tengan la consideración de Administración Pública, deberán enviar el importe de su resultado bruto de explotación en el mismo periodo.
El resto de entidades deberán remitir información relativa a las previsiones específicas sobre sostenibilidad financiera que les sean aplicables y, en su defecto, sobre su capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial que les resulten aplicables.
Tras ello, la Intervención General presentará un informe resumen global de valoración en el que quedarán plasmadas las principales conclusiones.
De este modo, la Intervención podrá valorar la formulación de recomendaciones de mejora referidas a aspectos organizativos y estratégicos de la entidad u organismo, así como de gestión económica, presupuestaria y financiera, de recursos humanos y materiales, y de gestión compartida.
Según Álvarez, este nuevo sistema de supervisión continua servirápara “reforzar los controles ya existentes” y se regirá por los principios de “autonomía e independencia”, siendo ejercidos por la Intervención “con plena autonomía” respecto de los organismos y entidades objeto del control”.
CONSEJO DE SEGUIMIENTO
El Ejecutivo sostiene que con la publicación de la orden que regula el control de eficacia y supervisión continua, “da un paso adelante” en el desarrollo de Ley de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la comunidad autónoma, que prevé este mecanismo de control, así como el Consejo de seguimiento de la actividad de los entes del sector público institucional autonómico.
En cuanto al futuro Consejo de Seguimiento, ha indicado que este órgano estará formado por los titulares de la Consejerías a las que estén adscritas las entidades o las personas en quien deleguen, uno de los cuales ejercerá la Presidencia; un funcionario con competencias en materia jurídica, que actuará como Secretario, y un representante elegido por cada uno de los grupos parlamentarios.
Además, formarán parte de este órgano, dos vocales de entre los candidatos presentados por las organizaciones sindicales más representativas de la comunidad autónoma de Cantabria, pudiéndose presentar un candidato por cada una de ellas, un vocal de entre los candidatos presentados por la organización empresarial más representativa de la comunidad autónoma de Cantabria y un vocal de entre los candidatos presentados por la Universidad de Cantabria.
LA CRÍTICA DE CC.OO
Por su parte, el sector autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO considera que, con la orden publicada en el BOC, el Gobierno “da carpetazo a la comisión de seguimiento” y ha criticado la “falta de voluntad política” para poner en marcha un mecanismo que, a su juicio, es “necesario para garantizar la transparencia y la buena gestión institucional en las empresas públicas”.
Para los representantes del sector autonómico del sindicato en Cantabria, esta decisión supone un “varapalo a la ciudadanía en general” que –dice– “vuelve a ser engañada por los y las representantes políticas, que prefieren mantener las empresas públicas fuera de control, como ya se está demostrando en algunas de ellas”.
Así, se han referido por ejemplo al caso de Cantur, que, según ha indicado, “acumula decenas de fallos judiciales que dan la razón al sindicato y que confirman las irregularidades que existen en la contratación de personal”.
Para el coordinador del sector autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO, Carmelo Renedo, “la actitud del Ejecutivo regional es despreciable y deja mucho que desear”.
“Deja en evidencia a nuestros representantes políticos que lo que no quieren es que se controlen los chiringuitos que tienen repartidos y sobre los que actúan a su antojo y es por ello por lo que han dado carpetazo a lo que se habían comprometido”, ha opinado.
Renedo sostiene que “la mala praxis” en las empresas de Cantabria se repite y es “una constante en cada una de ellas” y lo ha ejemplificado con las denuncias, las demandas y las reivindicaciones que CC.OO lleva haciendo desde hace años no sólo en Cantur, sino también en MARE, el Hospital Virtual Valdecilla, Fundación Marqués de Valdecilla o la Sociedad Regional de Educación, “por citar sólo algunas”.
“Es lamentable esta falta de transparencia, este oscurantismo. Es inaudito que se haya dejado pasar la oportunidad de contar con un instrumento de seguimiento y de control de las diferentes empresas públicas que, además, desde CC.OO llevamos reivindicando desde hace años. Una herramienta que da el toque democrático y de rigor que se espera de la gestión pública”, ha aseverado.
- Te recomendamos -
