El consejero de Economía ha presentado el informe encargado por el Gobierno a este organismo y que ha remitido ya al Parlamento y los agentes sociales
El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, ha dicho esta mañana que, según el estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cantabria es una de las comunidades autónomas con menor número de empresas públicas y fundaciones, 25 en total, un número que este organismo no considera “excesivo” y que tan solo rebajan Castilla-La Mancha y La Rioja.
Sota, junto con la directora general de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera, María Eugenia Gutiérrez, ha presentado en rueda de prensa el informe encargado por el Gobierno de Cantabria a la AIReF y que ha sido remitido ya al Parlamento y a los agentes sociales, un informe que, según ha manifestado, tiene por objetivo “analizar la viabilidad” de las empresas y fundaciones públicas en cumplimiento del plan de mejora en la gestión de los recursos públicos y proponer “las mejoras que se consideren necesarias para que sean lo más eficientes posible”.
Entre las principales conclusiones, ha puesto de manifiesto que existen algunos solapamientos, aunque no graves, entre las actividades realizadas por diferentes entidades, ya que muchas hacen tareas no relacionadas con sus principales líneas de negocio y, al ejecutar cada empresa de forma independiente su función, no se intercambian conocimientos y recursos.
El consejero ha citado las propuestas de mejora que se plantean en tres niveles: el primero, reducir gastos y aumentar ingresos, realizar ajustes en los balances y poner en valor infraestructuras o actividades; el segundo, cambiar la naturaleza estatutaria de alguna sociedad o realizar fusiones y, en tercer lugar, centralizar la gestión con la creación de una Oficina Central y Centro de Servicios Compartidos, en el plazo de entre tres y ocho años.
Sin embargo, y pese a considerar que este informe de la AIReF ¿”de sobrada solvencia”- es una buena guía para introducir mejoras en las empresas y fundaciones públicas, ha querido dejar claro que las propuestas que afectan al incremento de tarifas/precios públicos o al cierre de determinadas instalaciones “no están hoy en la agenda del Gobierno de Cantabria”.
Así, en el capítulo de reducción de gastos, el estudio propone, entre otras medidas, rebajar el importe de los contratos de servicios externos, aunque, en este sentido, el consejero ha apuntado que todos los contratos en la actualidad han sido adjudicados mediante licitación pública y, en tanto no finalicen, esta propuesta es difícil de implementar.
En el caso de CANTUR, se propone ahorrar mediante el cierre al público durante la temporada más baja de algunas instalaciones deficitarias, como pueden ser hoteles o restaurantes, mientras que para obtener mayores ingresos plantea incrementar las tarifas de Cabárceno o las de los remontes de esquí en Brañavieja (Alto Campoo), por poner dos ejemplos.
Por otro lado, para incrementar aún más los ingresos, el informe plantea ajustar éstos a los costes reales de los servicios y que el precio que paguen los usuarios tenga en cuenta esa circunstancia, hasta eliminar las subvenciones. En MARE, concretamente, aplicar esta medida supondría incrementar las tarifas un 17 por ciento a los entes locales, sobre las que también repercutiría el coste de la gestión de los puntos limpios.
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