La titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander ha realizado la petición, que la Sala de Gobierno del TSJC analizará el viernes
SANTANDER, 27 (EUROPA PRESS)
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) estudia el posible refuerzo del Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander, que lleva la causa de las supuestas irregularidades en los contratos del servicio autónomico de carreteras.
Según ha informado en un comunicado el TSJC, la petición de refuerzo ha partido de la propia titular del juzgado, Mercedes Compostizo, en una comunicación recibida este lunes en la que pone de manifiesto que su juzgado “está tramitando una causa compleja por la presunta comisión de diversos delitos de prevaricación, cohecho y fraude en la contratación, entre otros lo que, según ha señalado, “exige numerosas horas de estudio y dedicación, estando pendientes de análisis y valoración miles de documentos”.
Por ese motivo, la magistrada solicita que se designe a un miembro de la carrera judicial para reforzar el Juzgado, de modo que pueda ayudar a la instructora en la llevanza del órgano, celebrando los juicios por delitos leves y haciéndose cargo de aproximadamente la mitad de las diligencias que se tramitan.
Asimismo, la Sala de Gobierno valora solicitar al Gobierno de Cantabria la designación de un funcionario que pueda auxiliar a la gestora del juzgado que está encargada de tramitar esta “causa compleja”.
Aunque en el comunicado del TSJC no se explicita concretamente de qué causa se trata, la petición ha coincidido con el caso de las supuestas irregularidades en los contratos del Servicio de Mantenimiento de Carrereras, por el cual la semana pasada fueron detenidos el jefe del Servicio de Carreteras de Cantabria, M.A.D.B, en prisión provisional en El Dueso; la mujer de este funcionario y varios responsables de las empresas implicadas, Rucecan, La Encina, Cannor y Api Movilidad, a quienes se les ha retirado el pasaporte y deberán comparecer en el juzgado dos veces al mes.
A estos investigados por las presuntas adjudicaciones irregulares de contratos dependientes de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria se les imputan delitos de cohecho, fraude en la contratación pública, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental.
Además, también fueron detenidas otras dos personas en Madrid, que fueron puestas ese mismo día en libertad.
Según se explicó hace unos días desde la Agencia Tributaria, dentro de la supuesta trama de fraude en la contratación de obra pública, el jefe del Servicio de Carreteras intervenía desde su condición de alto funcionario en la preparación de ofertas de licitadores concretos, emitiendo presuntamente una valoración arbitraria de los criterios subjetivos de valoración de ofertas y expulsando a otros potenciales licitadores.
Para ello habría negociado precios, negociado los términos de las licitaciones con empresas concertadas y hecho uso de información privilegiada.
Mediante la emisión de informes técnicos y su participación en las mesas de contratación, esta persona habría logrado que una serie de empresas resultaran adjudicatarias de los contratos. A su vez, los investigadores de la AEAT detectaron indicios de un enriquecimiento económico del núcleo familiar más cercano del funcionario.
De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo, el principal investigado de la trama, conjuntamente con su entorno familiar, habría diseñado una estrategia para introducir en el circuito legal del dinero las “importantes cantidades que recibía, previsiblemente, en forma de comisiones ilegales”.
El órgano de gobierno de los jueces en Cantabria tratará este y otrosasuntos en la reunión que celebrará el viernes, 3 de marzo, a partir de las 12.30 horas.
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