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El TSJC declara firme la sentencia contra la construcción del parque acuático en Sierrallana

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SANTANDER, 22 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha declarado firme la sentencia contra la autorización para construir un parque acuático en Sierrallana, que dictó en diciembre tras estimar el recurso presentado por la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) y la Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT).

Así lo ha dado a conocer ACPT tras recibir ayer la notificación en torno a la sentencia dictada por la jueza de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, que se ha declarado firme al haber transcurrido el plazo de treinta días sin haberse preparado el recurso de casación contra la anterior resolución.

Contra la nueva resolución, fechada el 20 de febrero, cabe interponer ante el Tribunal recurso de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de cinco días desde el siguiente a su notificación.

En un comunicado, ACPT ha celebrado que “ahora ya queda claro que, con una sentencia demoledora en contra del proyecto y la firmeza de la misma”, el parque acuático “servirá únicamente para hacer memes y chistes”.

Como ha recordado, el Gobierno de Cantabria ya había anunciado que no presentaría recurso alguno contra la decisión del TSJC, pero desde el quipo de Gobierno municipal (gobernado por la coalición PRC-PSOE al igual que el Ejecutivo) “se hicieron declaraciones contradictorias haciendo ver que se continuaría con el procedimiento”.

A juicio de la Asamblea, “es inviable ya que se mantenga un capricho político trufado de apaños, engaños y trampas, validados de manera vergonzante por técnicos e integrantes diversos de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU)”.

De hecho, como ya anunció tras conocerse en diciembre el fallo del TSJC contra el proyecto, ACPT está trabajando en una demanda en este sentido para exigir responsabilidades a los técnicos que autorizaron la construcción de este parque acuático a pesar de que suponía “incumplimientos” urbanísticos, como después ha puesto de manifiesto la Justicia.


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