El PP afirma que la UIMP atraviesa problemas económicos “graves” que ponen en riesgo” su viabilidad
SANTANDER, 17 (EUROPA PRESS)
El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes pedir al Gobierno central que garantice la financiación de las universidades públicas en una senda sostenida de crecimiento, mediante la participación “de manera decidida” en la financiación del sistema público universitario.
Se trata de una proposición no de ley (PNL) presentada por el PP frente a los “atropellos constantes” del Gobierno de Pedro Sánchez a la universidad, la investigación y la innovación, que ha contado con el apoyo del PRC y del diputado no adscrito, Cristóbal Palacio, el rechazado del PSOE y la abstención de Vox.
En la iniciativa se solicita que se convoque con carácter urgente la Conferencia General de Política Universitaria para detallar su aportación económica, plazos, cuantía y fórmula por la que se transferirá esa financiación a las universidades del país.
Asimismo, se apuesta por abrir una negociación sobre la aportación del Estado a la financiación del sistema público universitario “en igualdad de condiciones”; e iniciar un programa de fortalecimiento de la investigación.
Además, recoge que el Gobierno asuma el coste adicional del programa Margarita Salas y la renovación del programa María Zambrano, restituya con carácter urgente el procedimiento de ayudas para la investigación en la inteligencia artificial, anulado por el Ministerio; y cree un PERTE universitario.
El diputado ‘popular’ Álvaro Aguirre ha sostenido que la región “se está viendo tremendamente perjudicada por el castigo permanente a que el Gobierno de Pedro Sánchez somete a nuestra universidad”, y ha pedido que se ponga fin a la “prácticamente nula” colaboración financiera del Gobierno central con el regional.
Ha sostenido que tras la aprobación de la LOSU han dejado a las comunidades autónomas “con la soga al cuello” en materia de financiación universitaria, y ha criticado que el Estado “no cumple” con la norma de destinar al menos un 1% del PIB al gasto en materia de financiación de la universidad pública.
Frente a ello, ha destacado que en la actualidad la Universidad de Cantabria (UC) tiene “el mayor contrato-programa de la historia”, con 300 millones de euros plurianual, “poniendo fin a más de 15 años de precariedad y cortoplacismo financiero”.
También se ha referido a la “falta de continuidad y estabilización” de los contratos María Zambrano y Margarita Salas, así como la “infrafinanciación” de la UNED, que “ha llegado a provocar un boquete de más de 19 millones de euros en las cuentas públicas de la entidad” porque “el Ministerio se niega, por ejemplo, a hacerse cargo de las subidas salariales”.
Y ha asegurado que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) también “atraviesa problemas extraordinariamente graves desde el punto de vista económico”, que “ponen en riesgo” la propia viabilidad de la entidad.
Los regionalistas se han mostrado partidarios de la iniciativa, al tiempo que han exigido al Gobierno nacional “que cumpla todos sus compromisos de la LOSU”.
Sin embargo, a juicio del PSOE, el PP tiene la necesidad de traer esta PNL al Parlamento porque es “la única forma que se hable bien de la gestión del consejero de Educación” y, además, “tiene un tufillo a oportunismo político”.
Por su parte, desde Vox han señalado que parte de estos problemas de financiación “surgen directamente de la lucha competencial entre las diferentes administraciones”, por lo que, aunque comparte el motivo de la iniciativa, se han abstenido.
PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE ALERGIAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
En materia de educación, el Parlamento ha aprobado por unanimidad instar al Ejecutivo autonómico a elaborar la información de medidas necesarias para que todos los centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria tengan una política propia de prevención y gestión de la anafilaxia.
Esta política deberá incluir medidas que reduzcan el riesgo de exposición a agentes causantes de alergias en los centros educativos, formación para las plantillas y un plan individual, guiado por el Sistema de Salud, para cada alumno que padezca alguna.
Además, obliga a las familias a informar al centro de las alergias alimentarias de los alumnos, la medicación en sus expedientes, así como suministrar la misma para su custodia y eventual utilización en el centro.
Se trata de una PNL presentada por el PSOE que ha contado con el apoyo del resto de grupos (PP, PRC, PSOE) y del diputado no adscrito, Cristóbal Palacio.
El diputado socialista Raúl Pesquera ha advertido de los “riesgos” que tienen los niños con alergias, y del “fatal desenlace” que se puede dar si no se conoce el problema y se actúa con celeridad.
Ha indicado que en España hay cerca de 2 millones de personas que sufren algún tipo de alergia alimentaria y que en poco más de dos décadas se han “triplicado” los diagnósticos y se ha observado un aumento “muy importante” de las anafilaxias producidas por los alimentos, especialmente en la población infantil, con cerca de 5.000 niños con algún tipo de problema alérgico en Cantabria.
Asimismo, ha señalado que aproximadamente el 20% de los niños con alergias alimentarias experimentan una reacción alérgica en la escuela, por lo que es necesario establecer políticas escolares que ofrezcan apoyo y den una respuesta de emergencia rápida y eficaz.
Desde el PP se han mostrado “comprometidos” con el bienestar y la salud de los cántabros, si bien han puntualizado que en la actualidad en los centros ya se pide información sobre las alergias de los alumnos en la matriculación.
Por su parte, el PRC ve necesario hacer un trabajo “más coordinado” entre las consejerías de Salud y de Educación, y ha apostado por realizar “un verdadero plan de comunicación” para colegios y “que no falten” los autoinyectables de adrenalina instalados por el Servicio Cántaro de Salud.
Mientras que desde Vox, que han abogado mejorar los protocolos siempre que sea necesario, se han mostrado “preocupados” ante la cifra de que “más del 32% de los estudiantes con alergia alimentaria experimentan acoso escolar”.
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