PP, PRC y PSOE entienden que es necesario tomar más medidas contra esta “lacra” pero Vox cree que “no es cuestión de dinero”
SANTANDER, 20 (EUROPA PRESS)
El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes, sin el apoyo de Vox, una proposición no de ley que pide al Gobierno regional destinar más fondos a la prevención de la violencia de género y asistencia a las víctimas.
El PRC ha sido el grupo que ha llevado la iniciativa a la Cámara para su debate en el Pleno de este lunes coincidiendo con la semana en la que se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), aunque se ha transaccionado con el PP incluyendo propuestas que la “complementan”.
En sus puntos, pide garantizar que se cumplen en la comunidad los acuerdos de la Conferencia Sectorial de Igualdad y los vinculados al Pacto de Estado contra la violencia de Género, así como destinar en los presupuestos de Cantabria los medios suficientes para los recursos de protección, asistencia y apoyo a las víctimas.
Igualmente, se vela por mantener el seguimiento de los protocolos de actuación para la detección y atención a las víctimas y por elaborar nuevos protocolos cuando se detecten necesidades. Además, se aboga por reforzar la formación de los profesionales encargados de la asistencia a las víctimas.
PP, PRC y PSOE han sacado adelante esta iniciativa remarcando que las cifras de esta “lacra” siguen creciendo y “asustan”, además de que en Cantabria han aumentado cinco puntos por encima del territorio nacional. Según han señalado, las denuncias han incrementado este 2023 un 8,6% y el número de víctimas un 2,3%.
Mientras, Vox ha votado en contra señalando que “la violencia no es cuestión de género” y que, aunque hay que condenarla “sin fisuras”, es “un error enfrentar un sexo contra otro” y además las cifras demuestran que todos los fondos invertidos en medidas en este sentido “no han funcionado”.
“Ojalá fuera cuestión de dinero” pero “no lo es”, ha dicho la diputada Leticia Díaz, que ha pedido “no comprar el lenguaje de la izquierda” para hablar de este asunto. “No podemos criminalizar al hombre por el hecho de ser hombre y convertir a la mujer en víctima por el hecho de ser mujer”, ha sentenciado, añadiendo que, además “ahora uno se autopercibe en materia de género”.
Frente a esta postura, la regionalista Rosa Díaz ha defendido la PNL señalando que los datos “son tozudos” y “no admiten interpretaciones”, aunque cree que si los casos crecen es porque “se visibiliza” y “ahora se habla de ello”.
También, la ‘popular’ Gema Igual ha señalado que “unos lo quieren llamar de una manera y otros de otra”, pero lo que quieren las víctimas es “que nos pongamos de acuerdo” y que caiga “todo el peso de la ley” contra quienes cometen violencia de género.
Y la socialista Ana Belén Álvarez ha añadido que los datos “siguen siendo estremecedores” y que esta lacra radica en el “sistema patriarcal” que ha imperado “a lo largo de los siglos”.
INVERSIONES EN ALTO CAMPOO
Tras aprobar esta PNL, el Pleno ha rechazado, con los votos en contra de PP y Vox, otra iniciativa del PSOE orientada a aumentar las inversiones en la estación de esquí de Alto Campoo y a fomentar su funcionamiento también en verano, que ha recabado el apoyo de este grupo y del PRC.
Tanto ‘populares’ como regionalistas han presentado sendas enmiendas a la PNL, aunque los socialistas solo han aceptado la de este último partido, que incluía el mantenimiento de la campaña de esquí escolar, y que ha decaído por los votos de Vox y del grupo que apoya al Gobierno, precisamente por no haber aceptado su modificación.
El PP ha considerado que la PNL del PSOE, a la que inicialmente se iban a abstener, “no era necesaria”, pues desde este partido y desde el Ejecutivo están “de acuerdo” en la mayoría de las cuestiones que ha propuesto el parlamentario socialista Mario Iglesias, exdirector general de Deportes, que se ha referido a la instalación como el “buque insignia” del turismo en la comarca campurriana y que ha admitido que funciona “bien”, aunque “todo es mejorable”.
En concreto, los ‘populares’ coinciden con la necesidad de aumentar las inversiones en la estación, el reconocimiento a la labor de sus trabajadores, o el mantenimiento de los convenios con ayuntamientos campurrianos para favorecer la asistencia de vecinos de la comarca.
Sin embargo, Liz ha cuestionado que se proponga el mantenimiento de tarifas en Alto Campoo, cuando ya se han aprobado y puesto a la venta “centenares” de pases, y más teniendo en cuenta que son precios “muy ajustadas”, que han subido menos que el IPC, un 5% hasta los 131 euros por pase de temporada, lo que en la práctica supone que están “congelados”.
A este respecto, el regionalista Javier López Marcano, último consejero de Turismo -departamento del que depende Cantur, la empresa pública que gestiona Alto Campoo-, ha destacado que con la rebaja del forfait en 2021, que pasó de 480 a 125 euros, “socializamos como nunca antes se había hecho la estación”.
Por último, el diputado de Vox Cristóbal Palacio ha recriminado a Iglesias que con su iniciativa haya planteado “esencialmente el mantenimiento de los precios”, pues a su juicio el resto de propuestas son “un brindis al sol”.
BONIFICACIONES PARA VÍCTIMAS DE OKUPACIÓN
Por otra parte, Vox se ha quedado solo en la defensa de una iniciativa para que los ayuntamientos tengan que bonificar el 100% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los aquellos propietarios de inmuebles okupados ilegalmente, en contra de la que han votado PSOE y PRC y que ha contado con la abstención del PP, algo ante lo que el grupo proponente ha mostrado su “decepción” y ha tildado de “excusas” algunos de los motivos que han argumentado alguno de ellos.
Para Vox, “no puede ser” que un propietario de una vivienda okupada, además de no poder disfrutar de su inmueble y tener que hacer frente a gastos adicionales derivados de esta situación, “encima tenga que pagar” el IBI año tras año.
A su juicio, lo que plantean es una “pequeña medida”, pero “sensata” y “muy necesaria” para intentar “minimizar” el “dolor” de las víctimas de la okupación, un “problema social de primer orden” que “persiste”, preocupa a los cántabros y que, a su juicio, se ha regulado “en la dirección equivocada”.
Para Vox, los índices de ocupación ilegal en Cantabria y España son “escandalosos” y hay una “falta de protección real” hacia las víctimas por la “falta de miras” de las Administraciones.
Aunque el PP se ha mostrado “totalmente de acuerdo” en el análisis hecho por Vox del problema, “comparte la preocupación” y cree que la medida que propone está “muy bien intencionada”, ha asegurado que “tal y como está” planteada no puede apoyarla porque generaría “efectos indeseados”.
Cree que tal y como está planteada podría desincentivar y “dar razones” a los bancos para no iniciar o interponer los procesos precisos de desalojo para evitar así pagar el IBI.
Además, considera que es una “medida paliativa que no soluciona el problema”, que, a su juicio, pasaría por modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil o el Código Penal.
El PP había presentado una enmienda de modificación pero no ha sido admitida a trámite por la Mesa. Por ello, solicitaba a Vox dejar sobre la iniciativa sobre la mesa y abordarla en otra sesión pero el proponente no lo ha hecho.
Por su parte, el PRC “no está de acuerdo” con la medida ya que no distingue si los propietarios son particulares o, en cambio, grandes tenedores o entidades financieras y podría hacer que estos últimos “no pongan las denuncias para que no se vayan los okupantes” para evitar pagar el impuesto. Además, cree “muestra poca sensibilidad con aquellos perjudicicados que no son afectados”.
Por su parte, el PSOE “comparte la preocupación” de los vecinos afectados por casos de okupación pero cree que “la solución no es la que propone Vox”.
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