SANTANDER, 24 (EUROPA PRESS)
Los grupos parlamentarios de PRC, PSOE y Vox han aprobado en el Pleno de este lunes una proposición no de ley que insta al Gobierno regional (PP) a crear un registro de aquellas comunidades de propietarios que acuerden prohibir las viviendas de uso turístico en sus edificios.
Así, la oposición se ha unido para, pese al rechazo del PP y del diputado no adscrito Cristóbal Palacio, lograr sacar adelante esta iniciativa que recoge que las entidades locales tendrán acceso a dicho registro para cualquier labor administrativa y de control relacionada con la regulación de inmuebles para uso turístico.
La propuesta ha partido de Vox y se ha aprobado con una enmienda del PSOE que añade que se realizarán inspecciones obligatorias en el plazo de un año tras la declaración responsable que emitan las comunidades de propietarios respecto a las viviendas de uso turístico (VUT), para que sus acuerdos no sean “un coladero”; y que se exigirá, en el caso de viviendas ubicadas en inmuebles sometidos a régimen de propiedad horizontal, un certificado que haga constar en los estatutos o acuerdos adoptados por la comunidad de propietarios que consienten expresamente el uso de un domicilio como VUT.
Desde el PP, que gobierna en minoría la región, han votado en contra porque sostienen que “no es necesario” ese registro de quienes vetan las VUT, pues precisamente la ley ya obliga a aquellos que solicitan licencia para viviendas turísticas a presentar la autorización expresa del vecindario.
“Estamos haciendo el ridículo”. “No tiene rigor jurídico”, ha sostenido el ‘popular’ Rafael de la Gándara tras insistir en que no tener ese consentimiento ya basta para que no se concedan las licencias.
Sin embargo, la oposición ha apostado por ahondar en la regulación de estos pisos por la posibilidad de que los turistas generen conflictos de convivencia, y han llamado a buscar el “equilibrio” entre los intereses de los residentes y del sector turístico al ser “uno de los motores económicos” de Cantabria.
El PRC ha advertido que al hablar de las VUT “nos olvidamos de que nos estamos jugando nuestro territorio”. “Pueden generar pueblos sin vecinos y ciudades sin ciudadanos”, ha advertido Javier López Estrada, quien ha defendido al respecto que “no se trata de prohibir sino de planificar”.
Desde el PSOE, Mario Iglesias ha recordado que el Tribunal Supremo ya avaló que los vecinos pudieran prohibir los pisos turísticos con una mayoría de tres quintos y ha recordado que el partido presentó alegaciones al proyecto de decreto de regulación de las VUT en el sentido de las enmiendas introducidas este lunes dentro de la proposición no de ley de Vox.
Respecto a este grupo, ha opinado que la iniciativa que ha defendido “no casa para nada” con su voto favorable a la Ley de Simplificación Administrativa hace sólo una semana, pues este registro “no deja de ser más documentación añadida a la propia declaración responsable” que se requiere actualmente de las comunidades sobre las VUT.
Sin embargo, el diputado de Vox Armando Blanco ha explicado que el grupo es “gran defensor” de la declaración responsable para los trámites “siempre que sea posible”, pero ésta “no es viable sin las posteriores labores de control e inspección” desde la Administración.
Y en el caso de las VUT, es “evidente que necesitamos reforzar” esas labores, ha defendido, aunque “lejos de participar en la demonización marxista de este tipo de viviendas” porque entiende que “pueden tener un efecto positivo de atracción del turismo y de dinamización de la economía local”, de modo que ha apostado por velar por compaginarlas con el respeto a los derechos de los vecinos y controlando su proligeración descontrolada e ilegal.
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