SANTOÑA, 2 (EUROPA PRESS)
Los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Justicia, Pilar Llop, han manifestado este viernes que el Gobierno debe respetar “absolutamente todas las resoluciones judiciales” porque es algo que “forma parte necesaria del estado de derecho”.
“Las resoluciones judiciales, no nos queda otro remedio más que respetarlas y acatarlas”, han sentenciado a preguntas de la prensa por la condena al asesino de Marta Calvo y otras dos mujeres, Mariene Ramos y Lady Marcela Vargas, tras conocerse ayer la sentencia que le impone 159 años y 11 meses de prisión, aunque el máximo de cumplimiento efectivo será de 40 años.
En declaraciones a los medios en el penal de El Dueso de Santoña, donde han firmado hoy un convenio para la creación de una oficina judicial, los ministros han señalado que, al margen de la Justicia, la “obligación” del Gobierno es “estar siempre del lado de las víctimas y ofrecer todas las medidas que sean necesarias que redunden en su protección y en su mayor dignidad”.
En este caso, no se ha aplicado a Jorge Ignacio P.J. la prisión permanente revisable que solicitaban las acusaciones particulares entender la magistrada que presidió el juicio que el tenor literal de la ley –en concreto el tiempo verbal empleado en la norma– implica que tenía que haber sido condenado antes por delitos contra la vida, lo que no sucede en este caso porque sus tres asesinatos fueron juzgados a la vez.
En concreto, la ley recoge que la pena de prisión permanente revisable solo puede imponerse “al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de dos personas (…)”, de modo que, al utilizar el tiempo verbal del pretérito pluscuamperfecto, la magistrada considera que solo puede hacer relación a que hubiera sido condenado con anterioridad.
Por ello, preguntados sobre si creen que debería reformarse la ley, los ministros han respondido que el Gobierno trabaja “intensamente” en el desarrollo de medidas para proteger y poner “siempre a las víctimas en el centro”.
En este sentido, han aludido al “paquete legislativo” que ya está en marcha gracias a leyes aprobadas como la de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley del ‘solo sí es sí’.
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