Pascual defiende que el convenio con Santa Clotilde no supondrá reducir la actividad de los hospitales públicos
SANTANDER, 10 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Cantabria prevé adjudicar en un mes las obras en el centro de salud de Puentenansa, que ha sufrido goteras, inundaciones en la consulta de pediatría, falta de calefacción o problemas en las comunicaciones telefónicas.
Así, los trabajos en este centro, que ya se han sacado a licitación, consistirán en la demolición de falso techo, reparación de la cubierta y vaciado de los circuitos de calefacción para sustituirlos por una instalación nueva, según ha dado a conocer el consejero de Salud, César Pascual, en el Pleno del Parlamento de este lunes.
Como ha explicado, los técnicos acudieron a finales del año pasado al centro de salud –que presta servicio a unos 2.000 pacientes de Polaciones, Tudanca, Rionansa, Herrerías y Lamasón– tras entrar agua por el mal tiempo y distinguieron dos tipos de filtraciones, unas debidas al estado del tejado y otras procedentes del circuito de calefacción.
La primera actuación ha sido retirar unas placas de aglomerado que había en el techo, para a continuación pasar a las obras pendientes de adjudicar.
Por otro lado, Pascual también ha aclarado en el Pleno algunos asuntos en torno a la integración prevista del Hospital Santa Clotilde en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) a través de un convenio singular, respecto al que ha matizado que la ley contempla que puede extenderse hasta los 20 años pero “no quiere decir” que esa vaya a ser su duración, sino que se acordará “la que la administración quiera”.
Eso sí, ha avanzado que será a largo plazo porque implica un plan de inversiones en el hospital que “a corto plazo no puedes exigir a nadie”.
También ha subrayado que el modelo “no es un concierto”, sino un contrato singular, y que fruto de esta colaboración “no esta prevista para nada la reducción de actividad de los hospitales públicos”. De hecho, ha reiterado que éstos están aumentando su actividad en un 14%.
Pascual ha manifestado que se ha generado “mucho mensaje difuso” en torno al anuncio que realizó el mes pasado, cuando avanzó que el Gobierno de Cantabria y el centro hospitalario firmarían un convenio que será redactado este año.
Cuestionado por Vox sobre este asunto, ha confirmado que se va a sacar la convocatoria pública en el Boletín Oficial de Cantabria para la prestación de este servicio, pero Santa Clotilde no tiene competencia porque es el único centro con quirófanos. “Es el único que puede concurrir”.
Ese convenio singular, que el consejero ha recalcado que “no es un concierto”, se revisará cada año para adaptarlo a las necesidades y dotarlo de un presupuesto “ad hoc”, siempre acorde a los precios públicos y a las necesidades del momento.
Así, ante las “dudas” mostradas por Vox por la posibilidad acordar condiciones en un convenio a largo plazo y que las necesidades cambien o la demanda disminuya, Pascual ha aclarado que “no existe riesgo de pagar un servicio no prestado”, porque cada año se hará una memoria y se presupuestará en base a ella.
También ha aclarado que “no afecta para nada” a los pacientes que no quieran ser tratados en este centro, pues si se les ofrece y lo rechazan permanecerían en la lista de espera en su hospital de referencia.
“Lo único que se hace es incorporar un recurso mas a la red publica”, ha resumido el titular de Salud, que ha defendido que Santa Clotilde prestará una carta de servicios “muy amplia” que no se limitará solo a la actividad quirúrgica.
EN CONTRA DE INTERNALIZAR EL SERVICIO DE AMBULANCIAS
Por otro lado, el Pleno ha rechazado una proposición no de ley (PNL) del PSOE que pedía rescindir el contrato con la adjudicataria de las ambulancias programadas, Diavida, debido a sus “incumplimientos”, e internalizar la prestación de este servicio para que no dependa de empresas sino del Gobierno regional (PP).
La propuesta no ha recabado ningún apoyo de los otros grupos de la Cámara, ya que PP y Vox la han rechazado y el PRC se ha abstenido. Y es que el Parlamento ya aprobó la semana pasada una iniciativa que insta al Ejecutivo a elaborar un informe jurídico en el plazo de 15 días en el que se estudie la rescisión del contrato, de modo que algunos portavoces apelan a esperar a este documento y tomar decisiones en base a criterios técnicos, “no ideológicos”.
Los ‘populares’ han defendido que no pueden rescindir un contrato unilateralmente sin acreditar las causas, pero reconocen que, si finalmente “se constatan esos incumplimientos, habrá que hacerlo”.
“Ahora nos estamos centrando en lo que tiene que centrarse un Gobierno”: “exigir que se cumpla el contrato y sancionar aquello que no se está cumpliendo debidamente”.
Eso sí, han rechazado la propuesta de internalización en la que insisten los socialistas -ya lo han pedido en varias iniciativas-, y han reiterado que en comunidades donde se ha optado por esa fórmula ha sido “un desastre”.
El PRC, por su parte, cree que ese proceso “lleva tiempo” –porque requiere un estudio de costes y una correcta organización del personal y medios– y “ahora no lo tenemos”. “Tenemos que actuar de manera inmediata”, ha subrayado la formación, advirtiendo que los trabajadores no han cobrado aún la nómina de enero y “además las negociaciones están rotas entre la concesionaria y el comité de empresa”.
Y desde Vox, han lamentado la “obsesión ideológica” y el “desprecio sistemático de los socialistas a la colaboración público-privada”, si bien han destacado que en los ocho años que gestionaron la Consejería de Sanidad tampoco internalizaron el transporte sanitario.
Sin embargo, el PSOE insiste en que se debe dar una solución “definitiva” a los “recurrentes” problemas en el servicio, pues las condesionarias acaban tomando como “rehenes” a los profesionales o a los pacientes.
Además, se ha quejado de que “no hay ninguna penalización” impuesta por el Gobierno a la adjudicataria. “No funcionan los mecanismos de control y al final no se sanciona a ninguna de las empresas”.
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