SANTANDER, 13 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Cantabria ha insistido en que “ninguna” empresa había expresado “sospecha, queja, duda o recelo” –tampoco ante la Intervención de la comunidad autónoma– acerca de los procedimientos o contratos en la Consejería de Obras Públicas, afectada por la denominada ‘trama de carreteras’ de supuestas irregularidades en las adjudicaciones de obras.
“Rotundamente no”, ha subrayado este lunes, en el Pleno del Parlamento, la consejera de Economía y Hacienda, Ana Belén Álvarez (PSOE), a preguntas de Vox tras lo ocurrido con esta trama de presunta corrupción en la que algunas empresas supuestamente pagaban mordidas a un funcionario a cambio de adjudicaciones.
Álvarez ha asegurado que a ella “nunca”, ni ahora en su cargo de consejera de Economía y Hacienda ni antes al frente de la de Empleo y Políticas Sociales, ninguna empresa le trasladó ninguna sospecha y “le consta” que al resto de integrantes del Consejo de Gobierno “tampoco”, lo mismo que le han trasladado desde la Intervención.
Además, ha negado de forma rotunda que el Gobierno tenga conocimiento de otras tramas de corrupción en otras consejerías. “Por supuesto que no. Rotundamente no”, ha insistido Álvarez, a quien le ha resultado “sorprendente” la pregunta de Vox.
Álvarez ha señalado que, si tuviera conocimiento de algo así, lo que tiene que hacer es ir al Ministerio Fiscal y trasladarlo también a los servicios jurídicos del Gobierno.
También Vox le ha preguntado si la Intervención está llevando a cabo alguna investigación propia sobre los procedimientos de adjudicación de obras de la Consejería de Obras Públicas, tras lo que la consejera le ha aclarado que ese departamento “no abre procesos de investigación”.
Al respecto, ha precisado que la actividad de la Intervención se centra en el ejercicio de la fiscalización de requisitos básicos cuando ejercer las funciones de fiscalización o bien en la emisión de informes de control financiero, así como en dejar un reflejo contable de operaciones de gastos e ingresos.
Además, también ha aclarado a Vox que la labor de la Intervención en un proceso de licitación y adjudicación de un contrato público es “garantizar que el expediente cumple la legalidad administrativa”, detallándole lo que hace en cada paso de dicho proceso.
Álvarez ha insistido que esta manera de proceder de la Intervención en estos procesos es igual a la que lo hace en todas las demás comunidades autónomas y en la Administración General del Estado.
CANTABRIA, “INDEFENSA” ANTE LA CORRUPCIÓN, SEGÚN VOX
Tras estas respuestas de la consejera, el portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, ha señalado que lo expuesto por Álvarez “le intranquiliza” porque, a su juicio, lo que traslada es que Cantabria “no tiene un mecanismo de prevención de este tipo de irregularidades”.
“La capacidad de fiscalización de las cuentas de las consejerías que tiene la Intervención General, conforme a la respuesta que usted me ha dado, no es suficiente para prevenir, para evitar o detectar irregularidades de adjudicaciones, cuando debiera ser uno de los objetivos principales dentro de la actuación de la Intervención”, ha aseverado Palacio, que considera que, con ello, la Administración de Cantabria está “indefensa ante el próximo presunto delincuente que genere una trama parecida a esto”.
Además, Vox también ha restado importancia a la guía de buenas prácticas en materia de contratación que está ultimando el Gobierno de Cantabria, tal y como anunció la semana pasada, y que, según explicó el Ejecutivo, incorporará nuevas medidas para intensificar el control sobre los expedientes e informes que promuevan las diferentes Consejerías para contratar cualquier tipo de obra o servicio. Será un documento único para todos los órganos y las mesas de contratación.
Al respecto, Vox considera que “si la única respuesta” que el Gobierno de Cantabria va a generar tras la trama conocida es esta guía de buenas prácticas, “mucho se teme que el mensaje que van a recibir los cántabros es que nada se va a hacer para evitar que esto se vuelva a ocurrir”.
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