La Consejería de Justicia vuelve a incrementar este año los módulos de compensación en función del IPC y trabaja en un nuevo decreto de justicia gratuita para destinar más recursos
La Consejería de Presidencia y Justicia ha procedido a incrementar los módulos y bases de compensación económica para los abogados y procuradores que prestan el servicio de asistencia jurídica gratuita y turno de oficio, que se incrementarán en función del índice de precios al consumo (IPC) del último año, un 0,6 por ciento.
A esta actualización, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria, se suma la realizada el pasado año – del 7 por ciento para los abogados y del 17 por ciento para los procuradores-, poniendo fin “a la congelación de retribuciones” que afectaba a estos profesionales.
Así lo ha manifestado el consejero de Justicia, Rafael de la Sierra, quien ha adelantado que el Gobierno trabaja en un nuevo decreto sobre la materia para mejorar la gestión de los expedientes y revisar de nuevo estos módulos.
En ese sentido, ha defendido la necesidad de destinar más recursos a la justicia gratuita y “afrontar una deuda histórica” con los profesionales que “mantienen este servicio público básico, en defensa de las personas más desprotegidas”.
Según ha recordado, las cuantías de abogados y procuradores llevaban sin actualizarse en Cantabria 9 y 17 años respectivamente, lo que dejaba a nuestros profesionales “muy por detrás” de lo percibido en otras autonomías por asistencia o intervención por el turno de oficio.
De hecho, con las últimas subidas en los módulos, los profesionales cántabros que asumen el turno de oficio perciben cantidades dentro de la media del país y “muy por encima” de las comunidades autónomas que se mantienen bajo la gestión del Ministerio de Justicia.
Los nuevos módulos de compensación, que entrarán en vigor con efectos retroactivos de 1 de enero de 2018, especifican las tarifas de asistencia al detenido, a la mujer víctima de violencia de género y sobre las actuaciones de los letrados en las jurisdicciones penal, civil, contencioso-administrativa y social. Del mismo modo, se detallan las compensaciones en el ámbito de los recursos de casación, amparo y apelación a las instancias judiciales superiores. En el caso de los procuradores, se recogen los baremos económicos en los procedimientos de la jurisdicción civil y penal, así como las apelaciones.
La Administración de Justicia también financia los gastos de funcionamiento e infraestructura que tienen que hacer frente los colegios de abogados y procuradores de Cantabria por la tramitación de los expedientes de justicia gratuita.
Nuevo decreto
El consejero de Justicia ha señalado que el Gobierno cántabro trabaja también en la revisión “integral” del decreto de Justicia Gratuita, que introducirá cuestiones de mejora en la gestión y tramitación de expedientes, así como la revisión conceptual de los módulos actuales para adecuarlos a las novedades procesales de los últimos años.
Al respecto, el Gobierno autonómico aprovechara la modificación para negociar y revisar la cuantía de los módulos para “mantener la calidad del servicio de justicia gratuita” y que abogados y procuradores, “cualificados y comprometidos” con las necesidades de quienes carecen de recursos para litigar, reciban las retribuciones adecuadas.
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