El consejero, Francisco Martín y el rector, Ángel Pazos, firman dos convenios dirigidos a la protección jurídica de los consumidores y a financiar estudios de máster en Derecho de Comercio y Consumo
El Gobierno de Cantabria, por medio de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, apoyará a la Universidad de Cantabria (UC) en su labor de fomento de la investigación en materia de consumo y para financiar los gastos de matrícula del Máster en Derecho de Comercio y Consumo. El consejero, Francisco Martín y el rector, Ángel Pazos, han firmado esta mañana en el despacho del consejero, en el PCTCAN, sendos convenios de colaboración por los que la Consejería dedicará 20.000 euros para la labor investigadora y otros 12.000 para las matrículas de los cursos de postgrado.
Martín, que ha señalado que la UC es uno de los mayores socios que tiene el Gobierno para la puesta en práctica de estudios, de estrategias y de futuro, ha añadido que “el euro más rentable que puede gastarse es el que va dirigido a la investigación de la universidad”. Martín ha reconocido que los convenios firmados con Pazos sirven para que se aporte conocimientos que se demandan desde el Gobierno, pero también para que investigadores juniors se puedan formar. En este sentido, el consejero ha dicho que el Gobierno recibe información requerida en materia de defensa jurídica de los consumidores. En criterio de Martín, ha habido en los últimos años cierta corriente en el mundo de la protección del consumidor destinada a la formación y “quizás se ha abandonado un poquito la dedicada a lo que es la defensa jurídica ágil, que es en lo que queremos profundizar”, ha recalcado Martín.
Por su parte el rector, Ángel Pazos, se ha referido a los convenios como una muestra más de la “estrecha colaboración” que la UC tiene con el Gobierno para aunar esfuerzos y contribuir al objetivo de ambos que es el avance de la investigación y de la formación, en este caso, en lo que se refiere al consumo y a la protección del consumidor.
El proyecto de la UC de ‘Fomento de la investigación en el ámbito de la protección jurídica de los consumidores’, dirigido por el catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Cantabria, Jorge Luis Tomillo Urbina, consiste en el desarrollo de actuaciones que contribuyan a incrementar la protección jurídica de los consumidores en el mercado, en un escenario en el que la situación de crisis económica ha incidido negativamente en la tutela de los derechos básicos de consumidores y usuarios. Según se indica en la memoria técnica del proyecto, “el análisis de nuevas técnicas e instrumentos de tutela se realizará a través del establecimiento y potenciación de redes transnacionales de investigación en materia de consumo, implementándose una red de l+D que ponga en contacto a los principales expertos en derecho de consumo de Europa y América, de forma que el estudio comparado de los distintos sistemas tuitivos propicie el desarrollo combinado de nuevas estrategias de protección”. El convenio también contempla el diseño, implementación y realización de actuaciones de información, formación y educación en materia de consumo para que el consumidor conozca sus derechos no sólo desde el punto de vista teórico, sino también práctico, proporcionándole la información necesaria para la efectiva defensa de sus intereses económicos.
Con respecto al convenio de apoyo a las matrículas del máster en Derecho de Comercio y Consumo organizado por la UC, la Consejería del Gobierno cántabro pretende contribuir al conocimiento de esta materia entre los universitarios, promoviendo su capacitación y su eventual orientación profesional para actuar como árbitros o mediadores de consumo, en consonancia con las directivas europeas que promueven el buen funcionamiento del mercado interior, garantizando que los consumidores puedan presentar reclamaciones ante entidades que ofrezcan procedimientos de resolución alternativa a litigios, que sean independientes, transparentes, efectivos, rápidos y justos. La Consejería también pretende facilitar la formación permanente de los árbitros de consumo que están actuando ante la Junta Arbitral de Consumo de Cantabria.
Los beneficiarios de las ayudas a las matrículas de los cursos de postgrado son licenciados o graduados en carreras que incluyan conocimientos suficientes en Derecho, de acuerdo a las normativas europeas, así como los árbitros acreditados o que estén en trámite de acreditación y que hayan actuado o actúen en la Junta Arbitral de Consumo de Cantabria. En el convenio se articula el procedimiento de selección de las ayudas a los cursos, así como los respectivos criterios de adjudicación, tanto para los licenciados y graduados como para los árbitros de consumo.
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