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El Ayuntamiento no ve necesario recurrir el archivo de la denuncia contra Ascan al haber recuperado la maquinaria

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SANTANDER, 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santander no ve necesario recurrir el auto del Juzgado que archiva la denuncia penal contra la UTE ‘Cuida Santander’ (Ascan Geaser) para la entrega de la maquinaria y la devolución de los contenedores con motivo del cambio de concesionaria del servicio.

Así lo ha dicho en un comunicado la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, quien ha explicado que el Consistorio considera que el objetivo perseguido con la denuncia que presentó en su día ya se consiguió al ordenar el juez la entrega de la maquinaria y la devolución de los contenedores.

Como ha recordado, el acuerdo por el que se declaró resuelto el contrato administrativo para la prestación del servicio, a fecha 11 de noviembre, debía concluir y formalizarse la entrega definitiva de los medios materiales y la maquinaria adscritos al servicio que, conforme al pliego de condiciones de la licitación, pasan a ser propiedad en exclusiva del Ayuntamiento de Santander.

De hecho, el Consistorio consiguió, gracias a la colaboración de varios ayuntamientos, disponer de forma temporal de contenedores de reserva “al objeto de cubrir esta necesidad de un servicio esencial, como es el de limpieza, tras la injustificada retirada de los depósitos de algunas zonas de Santander por parte de la UTE Ascán-Geaser”. Del mismo modo, la edil ha recordado que, ante la falta de maquinaria, la empresa entrante “tuvo que alquilar medios mecánicos para la correcta prestación del servicio”.

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Ante este incumplimiento por parte de la UTE, el Ayuntamiento presentó una denuncia ante el juzgado, resuelta en el día de hoy, así como la incoación de un expediente de recuperación de los bienes afectos al servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, que afecta tanto a la maquinaria como a los contenedores retirados de la vía pública.

“A pesar de todos los obstáculos que puso la UTE Ascan-Geaser y gracias a la voluntad y el compromiso de los trabajadores y a todo el trabajo que se realizó en el Ayuntamiento conseguimos en muy poco tiempo que los santanderinos dispusieran de los medios necesarios para la recogida de residuos y la limpieza viaria”, ha señalado Rojo.

En este sentido, ha recordado que, en virtud de la denuncia que presentó en su día frente a Ascan, el servicio ha podido seguir prestándose, gracias a la intervención judicial que se practicó en las dependencias de la empresa, con el fin de recuperar la maquinaria y los contendores, que ·habían sido retenidos indebidamente·.

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Al conseguirse el objetivo que se perseguía con esta actuación, el Consistorio entiende que es innecesario actuar penalmente frente a la empresa, de ahí que haya planteado a la Asesoría Jurídica Municipal no ejercitar recurso frente al auto emitido por el Juzgado de Instrucción número 4, que ha acordado el sobreseimiento de dicha causa ya que entiende que la intención de la UTE “no era propiamente la de apoderarse de la maquinaria e incorporarse la misma a su patrimonio”.

Así, la edil ha subrayado que el objetivo ahora es “liquidar el contrato y determinar los daños y perjuicios causados al Ayuntamiento reclamando hasta el último euro a la empresa incumplidora del acuerdo con los informes técnicos”.

“No debemos olvidar que las sentencias recaídas hasta el momento por los descuentos de las facturas dan la razón al Ayuntamiento en las deducciones efectuadas en concepto de papeleras, plataforma, campañas medioambientales y medios técnicos. De seguir este criterio en el resto de decisiones judiciales por dictar, el Ayuntamiento habrá ahorrado a los santanderinos casi 900.000 euros”, ha incidido.

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Rojo ha insistido en que “el principal objetivo es que cada euro que se abone a la empresa se corresponda con los servicios prestados de forma efectiva, descontando todos los incumplimientos constatados por los servicios técnicos municipales”, debiendo discutirse tal extremo a través del procedimiento que se ha abierto para la liquidación y determinación de los daños y perjuicios, tal como dictaminó el Consejo de Estado.


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