SANTANDER, 25 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Santander no recurrirá la sentencia que estima íntegramente el recurso presentado por la anterior adjudicataria del servicio de Parques y Jardines, la UTE-Jardines Santander, contra la reclamación del Consistorio de 3,2 millones de euros argumentando que se habían producido incumplimientos en torno al mantenimiento de la plantilla y la renovación de los vehículos.
Así lo ha anunciado este jueves en el Pleno de Santander la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, que ha explicado que, como no es una cantidad que deba pagar el Ayuntamiento al contratista, no incluye intereses, aunque sí costas.
Además, se ha remitido a un auto del 22 de diciembre del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que inadmite a trámite el recurso de casación de la UTE frente a la sentencia de 19 de junio de 2023 que desestimó su reclamación en materia de sobrecostes.
Esta resolución, que también incide en descuentos en las facturas, hace “posible que el contratista pierda los 2,3 millones de euros que el Ayuntamiento le ha retenido como consecuencia del informe de control financiero”, ha afirmado Rojo.
La concejala ha dado a conocer estas cuestiones durante el debate de una moción del Grupo Socialista para pedir su reprobación, así como la de la alcaldesa, Gema Igual (PP), y el cese de la directora general de Medio Ambiente, Belén Domínguez, por su actuación en relación al servicio de parques y jardines, que ha sido rechazada con los 14 votos en contra del PP, 7 a favor del PSOE e IU-Podemos y 6 abstenciones de Vox y PRC.
Una abstención esta última que ha causado “sorpresa” en el portavoz socialista, Daniel Fernández, que ha acusado a los regionalistas de “ponerse de perfil” con esta abstención y la de la modificación del reglamento del Pleno que impedirá crear comisiones de investigación.
“No están en el equipo de Gobierno y tampoco están en la oposición porque no reprueban, no fiscalizan, porque no pide responsabilidades. Entonces, ¿para qué están ustedes?”, ha preguntado Fernández a su homólogo regionalista, Felipe Piña, quien ha argumentado la abstención en que “queda un largo periplo judicial” en relación a los servicios municipales y actualmente “estamos en mitad” del mismo “y las cosas pueden ir a peor”.
Con todo, Piña, que ha criticado la falta de fiscalización del contrato, se ha mostrado a favor de la exposición de motivos de la moción, con la que los socialistas querían exigir que se depuren responsabilidades en el equipo de Gobierno (PP) por las “derrotas judiciales” del Ayuntamiento en su “enfrentamiento” con la UTE Jardines Santander.
Para Fernández, que el Consistorio “de momento” haya “perdido en sentencias” diez millones de euros –7 en parques y jardines y tres en basuras– es “suficientemente importante para una reprobación” y para el cese o dimisión de la directora general, que es un cargo político, y que “carece de conocimientos técnicos suficientes, según dijo ella misma”. Pero para el PP, “dimitir es un nombre ruso”, ha ironizado.
La portavoz de Vox, Laura Velasco, también ha censurado que el Ayuntamiento acumula “sentencias millonarias” y ha expresado su “certeza” de que “volverá a pasar” por la “falta de fiscalización” de los contratos como consecuencia de una “dejación de funciones que se repite en otros servicios”, además de en parques y jardines.
Asimismo, ha anunciado que Vox ha solicitado este jueves la comparecencia en Comisión de Desarrollo Sostenible del jefe del servicio, que ha sido “una cabeza de turco”.
Su homólogo de IU-Podemos, Keruin Martínez, ha enfatizado que, a la vista de la sentencia “y habrá más”, es “de justicia que se asuman responsabilidades” porque a su juicio ahora “no hay consecuencias de hacer mal las cosas”.
Por su parte, Rojo ha acusado a la oposición de “inventar su realidad y crear su propio relato” y ha exigido respeto para las personas citadas en la moción por su “trabajo y honorabilidad”. En este sentido ha preguntado a los socialistas qué hubieran hecho si Intervención les hubiera advertido de incumplimientos en el servicio.
NO A LA TASA TURÍSTICA
Por otra parte, el Pleno ha rechazado la moción de IU-Podemos, sustituida por una transacional del PSOE, para la implantación de una tasa turística en Santander por 16 votos en contra (PP y VOX), tres abstenciones (PRC), y siete a favor (PSOE e IU-Podemos).
Mientras sus defensores han asegurado que “nadie dejará de venir a Santander” por tener que pagar una tasa “simbólica” y que el dinero que se obtuviera de la misma podría revertir en inversiones para el sector turístico, el PP ha afirmado que “legal y jurídicamente no es posible” crear la tasa porque no existe marco jurídico ni estatal ni autonómico para ello –si bien su impulso se pedía en la moción–, además de que no sería una tasa sino un impuesto de la Comunidad Autónoma.
Según los populares, el sector turístico no está a favor de implantar la tasa “en la actualidad”, además de que la ciudad no tiene un turismo masificado ni estacional.
Sin embargo, para el PSOE supondría revertir en Santander un dinero que pagan los vecinos y que redunda en un beneficio para los hosteleros. A juicio de IU, sería “bueno para Santander” y un “factor de modernización” dentro de una planificación estratégica porque “Santander está de moda” pero “las modas pasan” y para que la ciudad siga siendo competitiva necesita inversión.
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