Gobierno regional y TSJC inician los trabajos para implantar el nuevo modelo con los tribunales de instancia y las oficinas de justicia
SANTANDER, 22 (EUROPA PRESS)
Cantabria “cumplirá con el reto” de implantar la nueva estructura judicial pese a que, según el Gobierno regional (PP), el Ministerio de Justicia ha “abandonado” a las comunidades autónomas en en este proceso.
Así al menos lo ha asegurado la consejera de Justicia, Isabel Urrutia, que ha anunciado que su departamento y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) han comenzado los trabajos conjuntos para implantar el nuevo modelo judicial previsto en la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, que reforma la planta judicial en todo el país con la creación de tribunales de instancia, la nueva oficina judicial y las oficinas de justicia en los municipios.
Lo ha señalado al término de la reunión de la Comisión Mixta, que ha abordado los retos en esta materia en la comunidad, la situación de las infraestructuras judiciales, la creación de nuevas unidades judiciales y la gestión de los recursos humanos.
Según ha indicado, el primero de los objetivos que marca la ley deberá estar cumplido el 1 de julio de 2025 tras la entrada en vigor de la norma en abril, con la implantación de la nueva estructura organizativa en la Administración de Justicia de Cantabria en siete de los ocho partidos judiciales. En Santander, el plazo previsto será el 31 de diciembre de este año.
En este proceso, la Consejería de Justicia creará grupos de trabajo para la implantación del nuevo modelo en cada uno de los partidos judiciales, que contarán con representación de los jueces y magistrados y el resto de colectivos profesionales afectados.
Igualmente, el Ejecutivo organizará reuniones bilaterales específicas, al más alto nivel, para trazar un plan homogéneo de implantación en los distintos partidos.
Urrutia ha censurado de nuevo la labor del Ministerio “ante un cambio profundo del modelo actual de la justicia”, al no atender las demandas “reiteradas” de las comunidades autónomas con competencias, las cuales “carecen” –ha dicho– de financiación, de modelos de referencia para su implantación y de órganos específicos de apoyo y asistencia, como las oficinas de gestores del cambio que estaban previstas inicialmente.
A juicio de Urrutia, el Ministerio “ha tenido urgencia y precipitación en aprobar una ley a todo correr, sin el concurso de la mayoría social y como siempre abandonando a las comunidades autónomas en esta fase decisiva del nuevo modelo judicial”.
CANTABRIA “CUMPLIRÁ”
De cualquier forma, Urrutia ha asegurado que en Cantabria se va a afrontar este “reto” y se cumplirá con el plazo “exigente” que marca la ley, como ya lo hizo con la implantación del nuevo modelo de registro civil, “prácticamente finalizado”.
En este objetivo, ha destacado el apoyo y el “papel crucial” de todos los colectivos judiciales para acometer la nueva modernización de la justicia regional, que, según ha insistido, “está a la vuelta de la esquina”.
En concreto, según ha explicado la consejera, el nuevo modelo exigirá a corto plazo cambios en la organización judicial con la puesta en marcha de los tribunales de instancia, pilotada desde el Consejo General del Poder Judicial, con “dos problemas añadidos”, como son la atribución de nuevas competencias y, por tanto, “más carga de trabajo” para los juzgados de violencia sobre la mujer, junto a la creación de las nuevas secciones de violencia contra la infancia y adolescencia.
Además, con la reciente legislación, por parte del Gobierno regional se deberán adaptar los sistemas de gestión procesal y el tránsito de las secretarías de los juzgados a las nuevas oficinas judiciales, lo que exige modificaciones normativas, negociaciones con el personal, junto a la aprobación de los modelos de referencia definitivos, que, según ha informado Urrutia, el Ministerio “todavía no los ha puesto a disposición” de las autonomías.
Hasta su aprobación en la próxima Conferencia Sectorial de Justicia prevista para comienzos de abril, Cantabria trabajará “con los modelos previos, entendiendo que estarán ratificados y vigentes antes del 1 de julio”, ha señalado la consejera, que ha valorado también el papel de los nuevos grupos de trabajo que se crearán en la región para favorecer la reforma organizativa en la justicia cántabra.
CREACIÓN DE NUEVOS JUZGADOS
Durante la Comisión Mixta, Gobierno y TSJC han abordado la creación de nuevas unidades judiciales tras la entrada en vigor de la nueva ley orgánica y el nuevo modelo organizativo, en el que el Ministerio de Justicia no prevé ampliar la planta judicial en todo el país, excepto en Cataluña.
En este punto, Urrutia ha censurado este nuevo “privilegio” para Cataluña para crear solo en esta comunidad autónoma cinco nuevos juzgados, y ha asegurado que Cantabria “no va a aceptar” este planteamiento, “cumplirá el Pacto para la Justicia” y convocará a todos los colectivos para debatir una propuesta autonómica de ampliación de la planta judicial, que será trasladada al Ministerio en el primer trimestre.
PLAN DE EDIFICIOS JUDICIALES Y MEJORAS FORMATIVAS
Por otro lado, durante la Comisión Mixta, se ha aprobado el protocolo de actuación para mejorar la asistencia y acompañamiento a las víctimas del delito de especial vulnerabilidad, que ha elaborado la Dirección General de Justicia y Víctimas del Terrorismo del Ejecutivo cántabro, y que tiene por objeto mejorar la atención de estas personas en las sedes judiciales cuando asisten a vistas o en otros actos judiciales.
Además, la Consejería de Justicia ha dado cuenta de los avances del estudio sobre las sedes judiciales de Cantabria con el fin de establecer una planificación de las inversiones de mejora más urgentes, dentro de los compromisos incluidos en el Pacto para la Justicia.
En materia de formación, el Gobierno cántabro pondrá en marcha este año un Plan de estrategia de formación digital integral y continua para los funcionarios de justicia y otros colectivos judiciales, más allá del plan anual de formación específico.
Con este instrumento, se respaldarán las nuevas funcionalidades que se incorporarán al sistema de gestión procesal Vereda y que contarán con la financiación de los fondos NextGenerationEU*de Europa.
Respecto al personal, actualmente el Gobierno ultima las nuevas órdenes de interinos, comisiones de servicio y sustituciones, y de horarios, permisos, vacaciones y licencias.
Por último, se han estudiado el alcance de las funciones de la nueva delegada de protección de datos en la Administración de Justicia, designada el pasado mes de octubre.
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