La comunidad recibirá 5,57 millones de euros para la rehabilitación energética de edificios SANTANDER/MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Cantabria ha reiterado que no declarará zonas tensionadas en la región ni, por consiguiente, aplicará los índices de referencia aprobados por el Ministerio para determinar los topes en el alquiler de la vivienda.
En este sentido, el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, que este jueves ha participado por videoconferencia en la Conferencia Sectorial de Vivienda, ha ofrecido la colaboración del Ejecutivo regional en la búsqueda de soluciones al “complejo problema de la vivienda”, tal y como está haciendo su departamento con los ayuntamientos de la región, según el Ejecutivo cántabro.
Además, durante su intervención en la Sectorial, el titular de Fomento, “casi al unísono” con el resto de comunidades autónomas, ha reclamado una ampliación del plazo para finalizar la ejecución del programa 6 de construcción de viviendas de alquiler asequible en edificios energéticamente eficientes, gracias al que Cantabria construirá 284.
Al respecto, Media ha indicado que si bien el plazo finaliza en junio de 2026, se ha solicitado una prórroga para poder llevar a efecto los compromisos cántabros, al igual que han hecho el resto de comunidades, ha explicado.
Además, el consejero ha pedido que, para apoyar económicamente este programa, más conocido como de ‘vivienda en alquiler asequible’, el Ministerio ponga en marcha “de inmediato” la línea de préstamos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que ya aprobó el Consejo de Ministros para este fin.
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA
Por otra parte, durante la Conferencia Sectorial, Media ha conocido el acuerdo de reasignación de fondos para la rehabilitación energética de edificios, que concede a Cantabria un total de 5.572.800 euros, por cumplir los objetivos en cuanto a la gestión de fondos europeos.
En este sentido, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha ratificado este jueves, junto a las comunidades autónomas, el acuerdo sobre los criterios de reparto y la distribución de 430 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para la rehabilitación de vivienda, aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros.
“Un hito más en la leal colaboración interadministrativa del Gobierno de España y las comunidades y las ciudades de Ceuta y Melilla, cuyo principal objetivo es conseguir que nuestras ciudadanas y ciudadanos puedan acceder a unas viviendas dignas, adecuadas y asequibles”, ha recalcado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, este jueves en la Conferencia Sectorial, donde se ha ratificado el acuerdo.
Durante la reunión, desde Vivienda han detallado a los responsables autonómicos que, del importe de 4.420 millones de euros asignado en materia de rehabilitación residencial y construcción de vivienda en alquiler, se han transferido 2.211 millones de euros de los 3.420 millones de los programas de rehabilitación residencial, de viviendas, edificios y barrios.
Por tanto, quedan pendientes de transferir: 329 millones de euros de la anualidad 2022, 430 millones de euros de la anualidad 2023 y los 450 millones de euros destinados a incentivos fiscales, de los que parte de ellos ya han sido gastados por las diferentes declaraciones del IRPF presentadas.
Respecto al programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, con una dotación de 1.000 millones de euros, Vivienda ya ha transferido 795 millones de euros, por lo que quedan pendientes de transferir un total de 205 millones de euros.
En materia de rehabilitación residencial, tanto de viviendas, edificios y barrios o entornos residenciales, hay 289 actuaciones que, según han comunicado las CC.AA., están ya en marcha.
Sobre la construcción de vivienda en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, los acuerdos suscritos se elevan a 204, con un número total de viviendas que supera el compromiso inicial de 20.000. En total hay suscritas 24.023 viviendas que deberán estar finalizadas y justificadas antes de junio de 2026.
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