La reducción de gasto medio en el territorio nacional es del 13%
MADRID/SANTANDER, 30 (EUROPA PRESS)
Cantabria redujo su gasto en Rentas Mínimas de Inserción (RMI) en 2021, tras la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), con un presupuesto un 28% menor que el año anterior, de 22,9 millones, ha informado la Asociación Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Así, la reducción de gasto en RMI en 2021 en Cantabria fue de más del doble que la media nacional (-13%), concretamente 15 puntos porcentuales más. Y ocupó el séptimo puesto en reducción de beneficiarios de las RMI (-37%), casi el doble que la media (-19%).
Según las citadas fuentes, Cantabria tenía en 2021 un total de 8.849 perceptores de rentas mínimas, que son 5.120 menos que en 2020.
En todo el país, las comunidades autónomas redujeron en 247 millones de euros su gasto en Rentas Mínimas de Inserción (RMI) tras la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), pasando de 1,96 millones de euros en 2020 a 1,72 millones en 2021, lo que supone una reducción del 13%.
El análisis revela que algunas comunidades, como Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Aragón y Extremadura redujeron sus presupuestos en torno al 50% o más. No obstante, algunas de ellas destinaron el “ahorro” que supuso el IMV, a programas de inclusión social o a otras políticas sociales, como Castilla y León y Madrid, mientras que en otras supuso “sin más” una reducción de su gasto social, en un año marcado por la crisis sanitaria y social.
Además, el informe señala que el número de beneficiarios de las Rentas Mínimas de Inserción se redujo en 150.000 personas en 2021 respecto a 2020. Así, la asociación denuncia que “solo” el 7,1% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España (645.317 personas) se beneficia de estas rentas.
En concreto, de los datos se desprende que Castilla-La Mancha registra el mayor descenso porcentual del gasto en Rentas Mínimas de Inserción. La asociación advierte de que tanto en esta comunidad como en Madrid, Castilla y León, Aragón y Extremadura “las RMI están siendo sustituidas por el IMV”.
Esta situación contrasta con otras como la de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Canarias, donde estas rentas mínimas se han “reforzado” como complemento del IMV, con incrementos presupuestarios que en el caso de las dos primeras superan el 60%.
Esta situación de “retroceso”, en unos casos, y de “refuerzo” en otros, se pone de manifiesto también en la evolución del número de perceptores, donde las mismas comunidades que han reducido su gasto, reducen “significativamente” el número de personas beneficiarias, hasta en un 73% en Castilla-La Mancha, en contraste con el incremento del 121% en la Comunidad Valenciana.
Además, en Navarra y País Vasco destacan los elevados porcentajes de beneficiarios respecto a su población bajo el umbral de la pobreza, 75,8% en Navarra y 55,8% en el País Vasco. Por el contrario, la asociación constata la “extinción” de estas rentas mínimas en Castilla-La Mancha, con un 0,6% de beneficiarios.
Respecto a la cuantía media por perceptor de las RMI en el conjunto de España, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Asturias son las que están por encima de la media (que se sitúa en el 15,9%). Por el contrario, en Murcia, Madrid y Aragón el porcentaje que supone la cuantía media de las RMI no alcanza el 10% de la renta media por hogar en esas comunidades.
Para la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, estos datos ponen de manifiesto que “muchas comunidades han desmantelado o están desmantelando su sistema de protección a las personas y familias en situaciones de exclusión social” que, según avisan, “no es lo mismo que pobreza”, pues no solo se refiere a carencia material sino a la acumulación de vulnerabilidades y a la imposibilidad de salir sin apoyos de dicha situación.
Según recuerda la asociación, la finalidad de las Rentas Mínimas de Inserción es facilitar la inclusión social, por lo que deben orientarse a apoyar a las personas y familias con ayudas económicas y acompañamiento profesional.
Por ello, exige a las CCAA que, como ya han hecho alguna de ellas, “destinen el ‘ahorro’ que ha supuesto la implantación del IMV a reforzar sus programas de inclusión social que, entre otras causas, pueden estar producidas por las situaciones de pobreza prolongadas”.
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