Blanco dice que seguirán desarrollando el plan de gestión regional hasta que el LESPRE sea anulado por la AN o “por un nuevo gobierno”
SANTANDER, 29 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Ganadería de Cantabria va a estudiar el auto del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma por el que se han suspendido autorizaciones para la caza de lobos en varios municipios de la región y volverá a emitir resoluciones de controles en zonas concretas, en función de los daños acreditados en los ataques.
“Seguiremos desarrollando nuestro plan de gestión en todo lo que no se oponga al marco legal impuesto por el Gobierno de España (la inclusión del cánido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial) hasta que ese marco legal sea anulado por los tribunales (la Audiencia Nacional) o por un nuevo Gobierno”.
Así lo ha indicado este jueves el consejero, el regionalista Guillermo Blanco, en una rueda de prensa convocada a propósito de la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC –que contó con el voto particular de una magistrada– y a la que ha mostrado su “absoluto respeto” y del conjunto del Gobierno regional, “aunque discrepemos” con el acuerdo del tribunal, ha apostillado.
También discrepa, ha recordado, con la ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, e incluso se ha mostrado crítico con el titular de Agricultura, Luis Planas, “el ministro de los ganaderos”, aunque ha destacado que donde no habido “nunca discrepancia” alguna en torno a este asunto ha sido en el seno del Ejecutivo PRC-PSOE.
La mayoría de la Sala del TSJC –que atendió a la petición de la Asociación para la Conservación del Lobo Ibérico, que ha recurrido las resoluciones administrativas que autorizan la caza controlada de ejemplares en varios municipios de Cantabria– consideró desproporcionada la extracción sin antes aplicar medidas de prevención y protección del ganado y de control de la especie que no supongan su muerte.
“Creemos que hay por supuesto motivos suficientes para justificar daños recurrentes, importantes, graves y que justifican además la imposibilidad de las medidas que en algunas ocasiones se nos exigen, se nos ponen como condición”, ha esgrimido el consejero, que espera en todo caso que la Audiencia Nacional -a la que recurrieron Cantabria y otras comunidades del Norte después de que el lobo dejase de ser especie cinegética en toda España- les dé la razón: “Si no, tendremos que cambiar este Gobierno lo antes posible, por la supervivencia del medio rural”, ha avisado.
ANÁLISIS DEL AUTO Y ESTUDIO DE NUEVAS ÓRDENES DE EXTRACCIÓN
Blanco, que ha comparecido ante los medios acompañado de parte de su equipo y de una amplia representación de los ganaderos cántabros, ha indicado que el Ejecutivo analizará “con detalle” el contenido de las resoluciones judiciales, incluido el voto que se aparta del parecer mayoritario, para estudiar desde el punto de vista técnico y jurídico la posibilidad de seguir informando para hacer nuevas resoluciones de extracciones del cánido, “abundando en los lugares donde harían falta”.
El también titular de Desarrollo Rural, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha precisado que el auto dictado este pasado lunes y conocido el martes es el primero contrario a la administración, por lo que “varapalos ninguno”, y en su opinión el tribunal se ha visto obligado a interpretar la orden ministerial. “Aquí nos ha metido el estado”, ha denunciado.
Y ha destacado en cualquier caso que la resolución del TSJC no entra “en el fondo del asunto”, sino que la medida cautelar acordada por el tribunal se refiere a tres resoluciones de la Consejería publicadas el pasado 9 de septiembre para la extracción de tres ejemplares, de los diez autorizados a mediados de junio.
Por tanto, ha dicho, “volveremos a emitir resoluciones de controles en zonas concretas y como consecuencia de los daños acreditados por los funcionarios públicos y, por supuesto, en el marco de la normativa vigente y ajustándonos a lo que los tribunales decidan en su momento si esas nuevas resoluciones son también recurridas, como sin ninguna duda va a ocurrir”, ha admitido.
Blanco se ha mostrado convencido de que los controles que se habían previsto son “necesarios y justificados”, y que la “imposibilidad” de aplicar medidas preventivas “eficaces” en la ganadería extensiva esta argumentada en las resoluciones dictadas en junio, como señala en su voto particular la magistrada, para quien las autorizaciones sí tienen cobertura legal y las medidas preventivas aplicadas han resultado ineficaces.
SOBRAN LOBOS, NO GANADEROS
Además, el consejero considera que la extracción de tres lobos sobre una estimación de al menos 170 ejemplares no afecta al estado de conservación de la especie en Cantabria, pues de haber tenido alguna duda las resoluciones no se hubieran dictado.
Al hilo de lo anterior, ha indicado que desde que el lobo se incluyó en el LESPRE hace un año, “el día en que se rompe la paz social” en torno a la gestión de esta especie, y hasta el pasado mes de julio se han producido 941 ataques al ganado en Cantabria, que se han saldado con 1.350 reses muertas y 86 heridas, aunque algunas de estas últimas fueron “medio comidas vivas” y fallecieron al cabo de unos días. “Y no les hablo de los perros que caen”, ha añadido.
“Este es el resultado espléndido, estupendo, del Plan en el que nos ha metido el Gobierno de España”, ha ironizado el consejero regionalista, para quien “obviamente” hacen falta controles, más cuando se trata de un depredador y el número de manadas en la región es “cuatro veces” superior al de hace más de dos décadas, ya que se ha pasado de cinco grupos en 1995 a veinte en 2022.
“Nos sobran lobos, y cada vez nos sobran menos ganaderos y ganado”, se ha quejado el titular de la Consejería, que también es ganadero, y que ha vuelto a reafirmar su defensa al sector y al modelo de ganadería extensiva de esta comunidad autónoma. “No queremos acabar con los lobos, pero tenemos que controlarlos”, ha aclarado.
MUCHO MÁS TRANQUILO POR LA QUERELLA QUE LOS GANADEROS POR LOS ATAQUES
Guillermo Blanco, que entre otros ha estado acompañado por su director general de Biodiversidad, Antonio Lucio, ha reiterado que está “tranquilo” tras la querella de ASCEL contra ellos por la orden que autorizaba la caza controlada de lobos en Cantabria, “mucho más” -ha vuelto a apostillar- que los ganaderos que dejan sus rebaños en los puertos.
Los tribunales no suponen para él un “temor”, sino una “garantía”, por lo que no tienen “ningún miedo” y está “tranquilo”, tal y como se irá -ha dicho- si un día tiene que dejar el cargo a raíz de una sentencia, pues según ha dicho siempre ha actuado en base a informes jurídicos.
En este punto, ha señalado que las extracciones de lobos son “una medida más” de las “numerosísimas” del plan de gestión de la especie que Cantabria venía llevando a cabo hasta que entró en el LESPRE y dejó de ser cinegética, ya que también contempla indemnizaciones a los ganaderos por la pérdida de animales y daños en los ataques o ayudas para la compra y mantenimiento de mastines, pero “también mueren, continuamente”, ha concluido.
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