Solo uno de los menores migrantes acogidos en la comunidad ha solicitado asilo
SANTANDER, 27 (EUROPA PRESS)
Los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria están analizando “detalladamente” el Real Decreto del Gobierno sobre los menores no acompañados para interponer “los recursos que entiendan correspondientes”. Además, el Ejecutivo ha advertido que en él no se precisa “ningún dato, ningún número” de menores a derivar a las comunidades, por lo que “no sabe de dónde” ha salido la cifra de 170 que se ha publicado que correspondería a los cántabros.
“Probablemente sea Junts quien haya hecho los números”, ha dicho la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, para quien el real decreto es “harto complicado”, además de “inconstitucional”, e “invade competencias de las comunidades autónomas”.
Gómez del Río ha lamentado que en la Conferencia Sectorial del lunes de la semana pasada “no se dijo absolutamente nada respecto al reparto de menores”, y el martes “nos enteramos por la prensa de un real decreto ley en el que establece una serie de medidas”, al tiempo que se publicaba una cifra de menores a acoger que “nunca nos ha llegado a las comunidades autónomas”.
“No sabemos de dónde se han sacado esos números”, ha sentenciado la consejera, que ha subrayado que Cantabria “va a cumplir la ley” y “vamos a ser solidarios, pero también nos defenderemos anteponiendo los recursos correspondientes” ante los tribunales.
“En absoluto quiere decir que no seamos solidarios y que no acojamos a los menores que están sin protección, pero siempre respetando las competencias de las comunidades autónomas y respetando nuestro sistema de protección”, ha incidido.
En paralelo, ha exigido al Gobierno central que se adopten “medidas en origen”, porque “este problema se soluciona atacando a las mafias que juegan con la vida de menores en el mar” y el real decreto no contempla “ninguna medida” al respecto. “Lo que no puede ser es que haya un problema y se reparta el problema entre las comunidades autónomas sin adoptar medidas para que este problema se solucione”.
La titular de Inclusión Social ha hablado de este asunto a preguntas de la prensa este jueves a raíz de la medida cautelar acordada por el Tribunal Supremo a petición del Gobierno canario, que da diez días al Gobierno central para que garantice el acceso al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de unos mil menores migrantes no acompañados que actualmente se encuentran en las islas y que han solicitado asilo.
En el caso de Cantabria, solo uno de los menores acogidos ha pedido asilo, a falta de revisar todos los expedientes para conocer el dato definitivo.
En total, la comunidad dispone de 36 plazas específicas para menores migrantes no acompañados, de las que 22 están ocupadas y 14 libres.
En este contexto, la consejera insiste en que se cumplirá “como siempre” la normativa pero “entendemos que no es adecuada”.
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