El Gobierno autonómico se ha sumado en la Conferencia Sectorial de Justicia a las demandas de mejoras laborales y al aumento de la independencia del poder judicial
El Gobierno de Cantabria ha pedido hoy al Ministerio de Justicia la creación de un juzgado de primera instancia en Santander, petición basada en las elevadas cifras de registro de asuntos, en el caso de pleitos de contenido civil, así como reforzar la Audiencia Provincial con dos nuevas plazas de magistrado con el objetivo de consolidar las secciones penales y dar más efectividad a este órgano.
La solicitud, realizada por la Consejería de Presidencia y Justicia en el seno de la Conferencia Sectorial de Justicia, presidida por el ministro del ramo, Rafael Catalá, viene a dar respuesta a las necesidades de ampliación de planta judicial manifestadas en reiteradas ocasiones por los operadores jurídicos de la Comunidad Autónoma, entre los que se encuentra el Poder Judicial en Cantabria, que lo ha reclamado en sucesivas Memorias Judiciales.
El Gobierno autonómico ha trasladado su compromiso de dotar con los medios personales y materiales necesarios la futura ampliación de la planta judicial autonómica, un esfuerzo que considera debe ser asumido también por el Ministerio de Justicia, dada la situación de la justicia de Cantabria, una de las comunidades autónomas donde más pleitos se registran.
En este sentido, ha planteado de nuevo al Ministerio la necesidad de reforzar con un letrado de la Administración de Justicia la actividad judicial de Santander y, en concreto, el trabajo del juzgado especializado en cláusulas suelo y hacer frente al alto volumen de litigios relacionados con las condiciones abusivas en contratación hipotecaria.
De hecho, según datos aportados por el Gobierno de Cantabria en la Conferencia Sectorial, en nuestra Comunidad se han presentado 4.529 demandas de cláusulas suelo, frente a autonomías de similares características como La Rioja y Navarra, donde esta cifra desciende a las 1.434 y 2.669 demandas, respectivamente.
Hasta el momento, la Consejería de Justicia de Cantabria ha seguido el compromiso de mantener los medios personales y materiales necesarios para mantener el juzgado especializado, en la línea solicitada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), habiendo reforzado en dos ocasiones la plantilla de funcionarios de este órgano. Por eso, considera necesario que el Ministerio vaya en la misma dirección y cubra la plaza con un nuevo letrado de la Administración de Justicia de la que es competente para coordinar el funcionamiento de la oficina judicial.
Mejoras laborales
Por otro lado, el Gobierno autonómico se ha sumado durante la Conferencia Sectorial a las demandas de mejoras laborales y el aumento de la independencia del poder judicial expresadas por magistrados, jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia de Cantabria y en el resto de comunidades autónomas. En el caso específico de Cantabria, se apoya el incremento de las plantillas, sobre todo por el “alto índice de litigiosidad”.
En este mismo ámbito, Cantabria ha defendido homogenizar el régimen de derechos laborales de todos los colectivos que trabajan en la justicia y, en particular, de los funcionarios de esta administración pública. A juicio de la Consejería de Justicia, la mencionada homogenización debe ir encaminada a la “mejora y consolidación de derechos laborales” del personal al servicio de la Administración de Justicia.
En cuanto a los procesos selectivos, el Gobierno de Cantabria ha defendido impulsar procesos de estabilización de interinos para mejorar la prestación del servicio público de la justicia.
Durante la conferencia sectorial entre el Ministerio y las comunidades autónomas con competencias de justicia, también se ha abordado la coordinación en materia tecnológica, en la que existe una previsión a nivel nacional de invertir 132 millones de euros en este objetivo.
Cantabria ha destacado la transformación tecnológica de la Administración de Justicia regional con el expediente judicial electrónico y ha puesto en valor el “modelo cántabro”, el denominado sistema Vereda, si bien ha demandado la necesidad de profundizar en la interoperabilidad de los sistemas utilizados y mejorar la remisión de los expedientes judiciales electrónicos a la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Constitucional.
Por último, en la reunión de hoy, en la que Cantabria ha estado representada por el director general de Justicia, Pablo Ortiz, se ha abordado la reforma del registro civil, pendiente desde 2011. Cantabria se ha manifestado de acuerdo en mantener el carácter público, gratuito y cercano al ciudadano del Registro Civil, “siempre gestionado en el entorno de la administración judicial y con el desarrollo del sistema tecnológico necesario para dotarlo de mayor eficacia y eficiencia”.
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