“Es injusta y arbitraria”, afirman los afectados sobre la decisión del Gobierno local
GIJÓN, 4 (EUROPA PRESS)
Los grupos municipales de PSOE, IU y Podemos en el Ayuntamiento de Gijón llevarán al próximo Pleno una PSOE, IU y Podemos proposición para que se desista de todos los recursos contra sentencias que dan la razón a los jubilados de 2022 y 2023 que reclamaron vía judicial el abono de las primas de jubilación y para que se busque una fórmula para su pago.
La concejala socialista Marina Pineda, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañada de una representación de los jubilados afectados y de los portavoces de IU y Podemos, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, respectivamente, ha instado al Gobierno local a que no se deje “descolgados” a este grupo de empleados municipales.
La iniciativa plenaria también solicita que se convoque una reunión de la comisión negociadora del convenio colectivo para que se dé solución a estos empleados, como se dio para los que se jubilaron en 2024.
“No vemos ningún obstáculo legal”, ha asegurado Pineda, quien ha visto una “injusticia y discriminación” el no abono de la prima. Ha explicado, asimismo, que con el nuevo convenio colectivo, y con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2024, a los empleados se les reconoce un complemento de productividad que se abona en la jubilación, en sustitución de la anterior prima a la jubilación y que se consideró ilegal.
Por parte de los empleados jubilados, se ha explicado que solo a las 13 personas que quedaron pendientes de los últimos meses de 2022 les corresponde una suma total de unos 130.000 euros aproximadamente. A los que hay que sumar los que se jubilaron en 2023 de las empresas de promoción y desarrollo, del Ayuntamiento y de los organismos autónomos.
Una de las afectadas, María José Gutiérrez, ha incidido en que la propia alcaldesa, Carmen Moriyón (Foro), en enero de 2024 se comprometió con ellos al pago de las cantidades previstas para los 13 funcionarios pendientes de abono en 2022. Sin embargo, el Ayuntamiento inició en los juzgados la anulación de esas primas de jubilación.
Para Gutiérrez, es “injusta y arbitraria” esta decisión, que supone un trato diferente para quienes se jubilaron en noviembre y diciembre de 2022 y en el año de 2023. Esta ha asegurado que afecta a unos 30 o 40 trabajadores, si bien el Gobierno local los cifra en una decena los correspondientes a 2023.
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