OVIEDO, 9 (EUROPA PRESS)
La Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias ha hecho público este jueves el informe de fiscalización de cumplimiento sobre las ayudas concedidas por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (Idepa)- actualmente Sekuens- y la Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias (Asturex) relativo al ejercicio 2021.
El órgano fiscalizador asturiano considera que Asturex, que es una sociedad mercantil dependiente del Idepa, ejerce parte de su actividad de promoción internacional mediante la entrega de dinero sin contraprestación.
“Este hecho implica una minoración del nivel de protección del interés público de la administración, aún mayor que en el caso del Idepa, ya que incorpora un sujeto privado en la relación con el beneficiario de la ayuda, renunciando así a los privilegios que van inexorablemente unidos a la gestión de los fondos públicos, como, por ejemplo, el régimen de infracciones y sanciones, o la jurisdicción a la que se somete el procedimiento”, señala el informe de la Sindicatura.
El documento, consultado por Europa Press, analiza la convocatoria aprobada por el consejo de administración de Asturex de fecha 20 de septiembre de 2021.
Advierte la Sindicatura que el sistema de entregas dinerarias sin contraprestación, aunque cumple formalmente con los requisitos de legalidad establecidos, conlleva la aplicación de un régimen jurídico “más laxo” a la labor de fomento de la actividad exterior que el régimen general aplicable a las subvenciones, mucho más garantista del interés público, aunque más rígido en cuanto al procedimiento de gestión.
“Esta situación genera un mayor riesgo de control que exige de la administración la implementación de medidas de control financiero que lo mitiguen, ya sea control permanente o auditoría pública en cualquiera de sus tres modalidades (financiera, cumplimiento y operativa)”, argumentan desde el órgano fiscalizador asturiano.
Sostienen que Asturex es una sociedad mercantil dependiente del Idepa, lo que implica un segundo nivel de descentralización en el ejercicio de una actividad típicamente administrativa, lo que supone un menor nivel de sometimiento al derecho público.
Y añaden desde la Sindicatura que aunque la atribución de la potestad para conceder ayudas a entidades instrumentales sometidas a derecho privado permite agilizar trámites, supone, sin embargo, la eliminación de controles internos y el desplazamiento de los funcionarios en el manejo de los recursos públicos, con el “riesgo” que lleva implícito.
Al incorporar así un sujeto privado en la relación con el beneficiario de la ayuda, se está renunciando, apunta la Sindicatura, a los privilegios que “deben ir inexorablemente unidos a la gestión de fondos públicos, como, por ejemplo, el régimen de infracciones y sanciones o la jurisdicción a la que se somete el procedimiento”.
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