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La Fiscal pide a las Administraciones que se encarguen de regular los incendios

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OVIEDO, 29 (EUROPA PRESS)

La Fiscal Superior del Principado de Asturias, María Esther Fernández, ha “instado y tendido la mano a la Administración para que, de una vez por todas, acometa la necesaria regulación en materia de incendios”.

Fernández hacía este llamamiento a la Administración durante su discurso en el Acto de apertura del Año Judicial, en que el que ha querido hacer una mención especial a los delitos relacionados con los incendios.

“Se trata de una tragedia que cada año sacude la comunidad autónoma, aunque no siempre con la misma intensidad. Asturias, como lamentablemente todos conocemos, es una región frecuentemente castigada por los incendios forestales causados, en un porcentaje muy elevado, por la mano del hombre”, ha indicado la Fiscal.

Así, ha manifestado que durante 2022 se incoaron en el Principado 70 diligencias de investigación por delitos de incendio forestal, “la mayoría causados intencionalmente para liberar terreno para el pasto del ganado y limpiar las vías de acceso a los montes”.

Ha mostrado su deseo de que Memoria de Fiscalía sirva para poner el foco en aquellos aspectos donde se producen los fallos reglamentarios, que año tras año derivan en verdaderas catástrofes contra nuestra tierra.

María Esther Fernández ha ofrecido numerosos datos estadísticos y medidas adoptadas desde la Fiscalía en 2022 para luchar contra “una delincuencia cada vez más especializada y compleja”. Ha destacado el incremento de los delitos contra la vida y la integridad de las personas y un año más también se ha detenido en la violencia de género, “una lacra que no podemos tolerar”, ha dicho.

En este sentido ha destacado el “aumento claro y sostenido de las denuncias por agresiones sexuales” y ha indicado que en 2022 también volvieron a crecer los delitos contra la libertad sexual, un 16,4%, con una media de más de 40 cada mes de distintas entidades.

BALANCE DEL TRABAJO

Mas allá de los datos estadísticos, la Fiscal Superior ha hecho un pequeño balance del trabajo en los últimos años destacando que muchas cosas se han conseguido durante este tiempo, siendo quizás la mas importante, y que tanto fruto está dando, la definitiva especialización de fiscalías asturianas con la creación de las secciones especializadas en aquella materias que legal o reglamentariamente resultaban obligatorias, pero también en aquellas materias, como los delitos contra la Administración Pública o lo económicos, que resultaron necesarias para un mejor tratamiento persecución de los mismos, por ser especialmente destacados en Asturias.

“Es mi décimo discurso de apertura del año judicial, o más bien el octavo, pues dos años no se llevó a cabo este solemne acto y, releyendo aquellas primera intervenciones y reivindicaciones iniciales, puedo asegurar que mucho se logrado y que gran parte de ellas quedaron atrás”, ha indicado.

Así, ha destacado que a día de hoy está regulada la Oficina Fiscal y contamos con personal suficiente para el correcto desarrollo de las tareas y en materia tecnológica también se consolidó la implantación del expediente digital, con la modernización de medios que ello supuso.

Además, se han mejorado las instalaciones, si bien ha recordado que queda pendiente fundamental, que no es otra que la unificación de sedes en Oviedo, lo resulta ya inaplazable para que los espacios contribuyan a facilita desempeño de la función y no al revés.

No obstante ha lamentado la Fiscal Superior que año a año asistamos al “injusto cuestionamiento del trabajo y la Imparcialidad de la Fiscalía en relación con ciertas investigaciones”.

“Vaya ahí mi principal deseo: dar la vuelta a esta situación y regenerar la confianza del ciudadano en el sistema judicial, y en concreto en la Fiscalía. Es necesario que tengamos en el Ministerio Público una institución fuerte, profesional, transparente y autónoma, que ofrezca confianza ante la ciudadanía”, ha dicho.

Ha añadido que la Justicia necesita un cambio que vaya más allá de simples parches y modificaciones a lo ya existente y para ello, ha reclamado tres reformas legislativas que deben acometerse: La Ley de Enjuiciamiento Criminal; la ley de planta y demarcación y poner en marcha definitivamente los tribunales de instancia y en tercer lugar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, a fin de fortalecer esta institución y dotarla de mayor autonomía.


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