Las familias que se constate que son vulnerables pasarán a formar parte del Programa de Alquiler Social
GIJÓN, 27 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Asturias y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) han acordado este jueves mantener la vigencia de los actuales contratos de alquiler del bloque de viviendas de la calle Río Piloña, ubicado en el barrio gijonés de Contrueces y que estaban pendientes de poder ser desahuciados.
Según una nota de prensa del Principado, las 15 familias que residen en el inmueble, propiedad de la Sareb, estaban pendientes de un cambio de situación contractual e incluso del desahucio, después de que un juzgado considerara nulos los contratos basándose en una compleja cuestión legal relacionada con la adquisición del edificio y ajena a los inquilinos.
Así se ha trasladado tras la reunión mantenida entre la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo; el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico; el director general de Vivienda, Daniel Sánchez, con el presidente y el director de la Sareb, Javier Torres y Pau Pérez de Acha, respectivamente.
Asimismo, gracias a la intermediación de la empresa pública Vipasa, las 15 familias han accedido a aportar información sobre su situación socioeconómica para establecer si existen situaciones de vulnerabilidad.
En este último caso, podrán acceder a un alquiler social que les permitirá permanecer en la vivienda, solución que Sareb ofrece de forma estructural a todas las familias vulnerables que habitan sus viviendas. En total, la Sareb cuenta con más de 9.000 alquileres sociales en toda España.
De esta forma, estas familias pasarán a formar parte del Programa de Alquiler Social de Sareb, que supone la firma de un contrato de alquiler social sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos, por un plazo de siete años y cuya renta mensual se limita al 30 por ciento de los ingresos familiares.
El programa incluye la participación en un plan de acompañamiento social apoyado en gestores especializados, cuya finalidad es mejorar la situación de las familias de cara al futuro. Asimismo, podrían sumarse a un programa de inserción laboral si fuera necesario.
Para aquellas familias que no sean consideradas vulnerables se respetarán los actuales contratos de alquiler. Además, se prorrogarán por un año los que venzan en 2025.
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