El texto legal, que ha superado el trámite de consulta previa, ya se ha presentado a grupos parlamentarios, agentes sociales y entidades del tercer sector. La normativa modificará el salario social básico para agilizar su tramitación y adaptarlo a las nuevas necesidades, además de ordenar las prestaciones para hacerlas más eficaces
La Consejería de Servicios y Derechos Sociales sacará a información pública la próxima semana el anteproyecto de ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, con el que se pretende ordenar e integrar las prestaciones destinadas a cubrir las necesidades básicas de las personas en situación de vulnerabilidad y ofrecer una respuesta más ágil y coordinada por parte de las distintas administraciones. De esta forma, el Principado da un paso más en la tramitación administrativa del texto legal, que llegará a la Junta General en el próximo periodo de sesiones. Hasta ahora, ha sido sometido a consulta previa y se ha dado a conocer a los agentes sociales en el ámbito de la concertación. Además, hoy mismo se ha presentado a los grupos parlamentarios y a las entidades del tercer sector de acción social, en sendos encuentros presididos por la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela. En estas reuniones han participado también las directoras generales de Prestaciones y Recursos, Paula Álvarez, y Servicios Sociales de Proximidad, Lina Menéndez. La nueva norma, que constituye uno los compromisos de legislatura del Gobierno de Asturias, plantea la consolidación y mejora del salario social básico como elemento nuclear de un sistema de garantía de derechos. Para ello, incluye medidas para agilizar la prestación, como el uso de la declaración responsable y la simplificación de trámites. Asimismo, introduce exenciones para los ingresos provenientes del trabajo y de determinadas pensiones, al tiempo que modifica la regulación de los programas personalizados de inserción social, entre otras medidas. Atención a nuevas necesidades y realidades Por otra parte, contempla complementos vitales, con el propósito de atender de manera diferenciada las nuevas realidades y necesidades. En este sentido, plantea apoyos complementarios para familias con menores y jóvenes, personas con discapacidad y dependencia, o para el alquiler de vivienda. En el mismo sentido, establece un complemento específico a las pensiones no contributivas para personas que vivan solas. El texto eleva a derecho subjetivo la prestación destinada a cubrir necesidades básicas de los menores del sistema de protección acogidos por familias ajenas. Esta medida contribuirá a impulsar el acogimiento familiar sobre el residencial, puesto que las compensaciones económicas a las familias podrán abonarse directamente, con todas las garantías jurídicas. En materia de vivienda, aspira a garantizar el derecho a un hogar digno y adecuado, extendiendo a toda la población la posibilidad de acceder a un piso de titularidad pública o a las ayudas públicas para ese fin. También simplifica el procedimiento de concesión de apoyos económicos, que pasa a ser directo, y adapta la regulación relacionada con las adjudicaciones por causa de emergencia social. En el apartado de prestaciones, el anteproyecto reordena las ayudas de emergencia social que conceden las entidades locales, poniendo especial énfasis en la atención a la población infantil y en los apoyos para el acceso y mantenimiento en la vivienda y contra la pobreza energética. El objetivo es garantizar unas condiciones mínimas de igualdad en todo el territorio y mejorar la coordinación entre administraciones. En este apartado se articula un nuevo mecanismo de financiación y de intercambio de información, así como la creación de una comisión interinstitucional. En el ámbito de la participación, se reserva un papel especial a las entidades sin ánimo de lucro, tanto en la colaboración en el desarrollo de proyectos concretos como en su inclusión en los órganos asesores del nuevo sistema de garantía de derechos y prestaciones vitales.
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