Más de 50. 000 personas participan cada año en las actividades que organizan unos 50 ayuntamientos para prevenir el uso de sustancias tóxicas. Sanidad adelanta las convocatorias de ayudas para que lleguen a los consistorios en el plazo más breve posible
El Principado destinará 857.000 euros en 2019 a financiar los planes municipales de drogas y las oficinas de información al consumidor. El Consejo de Gobierno aprobó esta partida en su última reunión para que la Consejería de Sanidad pudiese adelantar su tramitación y que las ayudas lleguen a los ayuntamientos en el plazo más breve posible. Los planes municipales de drogas, así como los programas de intervención comunitaria para la prevención de este problema y la incorporación social de las personas afectadas, cuya convocatoria de subvenciones está dotada con 755.000 euros, constituyen instrumentos fundamentales de prevención y reducción de los daños relacionados con el consumo abusivo de sustancias tóxicas. Cada año, unos 50 ayuntamientos optan a estas ayudas, que les permiten organizar en torno a un millar de actividades en colaboración con la Dirección General de Salud Pública y en las que participan más de 50.000 personas. Así, se llevan a cabo alrededor de 70 iniciativas genéricas de prevención dirigidas a toda la ciudadanía, unos 150 programas en el ámbito escolar, 300 actuaciones en centros educativos, medio centenar de cursos de orientación familiar y cerca de 300 acciones de ocio alternativo. Los planes plantean medidas de prevención y promoción de la salud, además del trabajo con familias y menores en riesgo y el mantenimiento de los recursos orientados a la reducción de los efectos del consumo de drogas, por los que pasan anualmente más de 8.000 personas. En su mayoría, lo hacen a través de las unidades móviles de reducción del daño y los centros de emergencia social, que atienden cada año a unos 6.400 usuarios. Otros 2.000 reciben asistencia en centros de día y de desintoxicación, pisos y comunidades terapéuticas. Estas actividades generan unos 150 empleos directos, fundamentalmente en organizaciones no gubernamentales, asociaciones sin ánimo de lucro y empresas del tercer sector que trabajan en el campo de las adicciones, además de otros 50 puestos en los ayuntamientos que impulsan estos planes. Proyectos en materia de consumo Por otra parte, el Gobierno asturiano apoyará con 102.000 euros los proyectos que realizan las entidades locales en materia de consumo, como actividades dirigidas al asesoramiento e información de los ciudadanos, la tramitación de denuncias y las actuaciones inspectoras relacionadas con el control de seguridad de productos y servicios. También financiará las necesidades de personal, equipamiento, funcionamiento y, en general, cualquier acción que contribuya a promover la protección de los usuarios. Actualmente, 18 entidades locales han asumido estas competencias mediante la aprobación de la correspondiente ordenanza de consumo y la creación de una oficina municipal de información (OMIC): los ayuntamientos de Avilés, Cangas de Onís, Castrillón, Corvera, Gijón, Grado, Lena, Mieres, Nava, Oviedo, Pravia, Ribadesella, Siero, Tineo, Valdés y Vegadeo, y las mancomunidades de Cabo Peñas y Valle del Nalón.
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