OVIEDO, 17 (EUROPA PRESS)
La autorización del Consejo de Gobierno de Asturias para anular la garantía de cobro de un préstamo que la Sociedad Regional de Promoción (SRP) concedió a Duro Felguera, junto a la deuda de Sogepsa y el incumplimiento de la normativa sobre el periodo medio de pago a proveedores, han centrado las críticas de la oposición hacia el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, en la comisión de este lunes, en la que se ha analizado el informe de la Sindicatura de Cuentas relativo a la Cuenta General de 2023.
Este informe refleja que en mayo de 2023 el Consejo de Gobierno autorizó la anulación del préstamo que la SRP concedió a Duro Felguera, de seis millones de euros, ampliando el plazo del préstamo seis años y suprimiendo la garantía de cobro a favor del Principado. El diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons ha calificado como “muy grave” que se haya suprimido dicha garantía y se ha preguntado “quién es el Consejo de Gobierno” para suprimir una garantía de cobro de una entidad como la SRP respecto a una empresa privada. “Si al final resulta fallido el préstamo, será responsabilidad única y exclusivamente del señor Barbón y de los consejeros que han tomado esa medida”, ha asegurado.
El consejero Guillermo Peláez ha replicado que este préstamo que concede el Principado de Asturias a la SRP y, posteriormente, la SRP a Duro Felguera, forma parte de una operación de financiación para la empresa Duro Felguera que “se realizó en conexión con la SEPI”, que fue la sociedad que “llevó a cabo la mayor parte o el peso específico de esa operación”. Todas las actuaciones que se han tomado en este sentido, ha agregado, se han hecho de manera coordinada con la SEPI “para mantener la garantía del préstamo en los mismos términos que la sociedad estatal, en el sentido mismo en el que se llevó a cabo el rescate de Duro Felguera”. El consejero ha remarcado que el expediente del Consejo de Gobierno contó con todos los informes perceptivos.
OTROS ASUNTOS
En el transcurso de la comisión, el síndico mayor, Roberto Fernández Llera, ha indicado que el informe de la cuenta general se publicó en el mes de enero y ha asegurado que “las cuentas fiscalizadas expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera” del Principado.
Asimismo, ha señalado algunas “deficiencias”, como el hecho de que los consorcios adscritos al Principado de Asturias –como Cadasa o Cogersa– sigan rindiendo sus cuentas según el Plan General de Contabilidad adaptado al sector local, o los 35,24 millones de euros pendientes de amortizar por la operación de recapitalización y reestructuración de Sogepsa a cierre de 2023. También ha enfatizado una “incorrección reiterada” en Gispasa, Gijón al Norte o Sogepsa, donde “se debería haber reflejado un deterioro de valor en los préstamos”, algo que la Sindicatura cuantifica en 94 millones de euros.
Respecto a este último aspecto, el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha mostrado la disconformidad del Principado con esta apreciación, y ha puesto como ejemplo la situación de Gijón al Norte: “El préstamo con Gijón al Norte admite prórrogas sucesivas hasta un máximo de 10 años, quedarían todavía hasta 7 años de prórroga, y está por desarrollarse la operación de Gijón al Norte. Por tanto, no entendemos que haya una evidencia objetiva que justifique que no se va a cobrar”.
Para el PP, este informe permite obtener una visión “con perspectiva” acerca de las carencias e incumplimientos normativos “reiterados” por parte del Ejecutivo, que hace “caso omiso” a los informes. “Ni sigue las recomendaciones ni las tiene en cuenta”, ha asegurado, enfatizando que “ha quedado claro” que las operaciones de reestructuración de Sogepsa han sido “ruinosas” para las arcas públicas.
En la misma línea el diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro) ha criticado que el Principado haga “caso omiso permanentemente” a los informes de la Sindicatura, y ha puesto el foco en el exceso de tiempo del periodo medio de pago a proveedores –que en el organismo ERA llega a los 100 días frente a los 30 legales– y en la situación de Sogepsa.
Desde Vox, el diputado Gonzalo Centeno ha calificado de “trampantojo contable” la operación de reestructuración de Sogepsa y ha lamentado que no se asuman responsabilidades. “Asumir créditos bancarios en Sogepsa es el mayor delito que he visto yo sobre el papel”, ha dicho. Asimismo, ha mencionado “cuestiones recurrentes” como la situación de la SRP, Gijón al Norte, Zalia o Sogepsa. “Eso es un pozo sin fondo de dinero público”, ha lamentado.
Desde el PSOE, el diputado Luis Ramón Fernández Huerga ha explicado que en las alegaciones del informe se refleja la discrepancia existente entre los funcionarios de la Intervención General y los auditores de la Sindicatura de Cuentas. Así, ha pedido que se de “la misma categoría de conocimiento” a los funcionarios y a los auditores y ha explicado que en las alegaciones los funcionarios “vuelven a corroborar los mismos argumentos que han escrito en respuesta a otros informes, sin que hayamos tenido, durante todo este tiempo ninguna respuesta a estas cuestiones o a este criterio que manifiesta el Principado de Asturias por parte de los auditores de la Sindicatura de Cuentas”.
Por otro lado Fernández Huerga ha acusado a la oposición de “mentir abiertamente” al afirmar que consorcios como Cogersa o Cadasa no se auditaron. “Son entidades locales que tienen sus propios instrumentos de auditoría”, ha defendido, reprochando a los grupos que se lleven “discursos escritos” a la comisión.
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