OVIEDO, 10 (EUROPA PRESS)
El presidente del PP de Asturias y portavoz parlamentario de la formación, Álvaro Queipo, ha presentado este jueves una proposición de ley de garantías de indemnización por daños de fauna salvaje junto al también diputado del PP Luis Venta y la secretaria general de Asaja, Geli González.
Según Queipo, el texto ha sido acordado con todas las organizaciones sindicales del sector primario y se registrará la próxima semana en la Junta General. Así, Asturias Ganadera, UCA, URA, COAG, Asaja y Usaga han firmado con el PP un manifiesto en defensa de los habitantes del medio rural y en apoyo a la aprobación de la ley para dar certidumbre y garantías al sector.
De este modo se pretende convertir a Asturias en la primera comunidad autónoma en legislar para asegurar el cobro de indemnizaciones como un “derecho” de ganaderos y agricultores, especialmente afectados por los daños causados por lobos.
Al respecto, tanto sindicatos como PP esperan contar con el respaldo de la Cámara asturiana “sin partidismos”. De hecho, Queipo sostiene que el texto es “trasversal ideológicamente” ya que se fundamente en “el amor a la tierra” y el deseo de garantizar “el futuro” del campo asturiano.
En ese sentido, Álvaro Queipo pide al PSOE que actúe con “responsabilidad” y apoye la tramitación parlamentaria y negocie para sacar adelante una norma que “busca justicia para el medio rural” y respaldan “todas las organizaciones sindicales”.
“Es garantista, seria y realizable”, sostiene Queipo, señalando como principales objetivos reducir plazos, actualizar baremos y asegurar que la administración “trabaja a favor” de ganaderos y agricultores, controlando también posibles intentos de fraude.
Desde el PP apuestan por unas indemnizaciones “justas y rápidas” por, con 30 días de máximo para dictar resolución y 20 días para el pago, alertando de que “en la actualidad hay 1.288 expedientes por daños del lobo sin pagar, de los que más de 700 acumulan más de un año de retraso”.
Asimismo, se contempla el concepto de “daños reiterados” a un mismo perjudicado, es decir, los producidos por una misma especie en una misma parcela u otras que disten menos de 250 metros, de forma repetida durante seis meses. El titular tendrá derecho en ese caso a exigir medidas de protección, como cierres o extracciones de ejemplares.
“Otro de los propósitos de la iniciativa es articular un sistema ágil de recepción de comunicaciones, con la verificación del daño en un máximo de dos días y, si se incumple el plazo, resolución estimatoria”, indican desde el PP.
En ese sentido, detallan que “si no hay condiciones para esta resolución inmediata, se fija un máximo de cinco días desde la inspección para notificar al perjudicado un informe motivado, y el afectado podrá aportar su propio informe pericial que tendrá el mismo valor probatorio”.
Además, plantean que “si existen pruebas gráficas suficientes para determinar la causa, se reconocerá el daño y el importe de al menos el 90 por ciento del valor señalado”. “Y si se detecta algún fraude, se estará cuatro años sin derechos a indemnización”, apuntan.
Además, se prevé que el Principado “compense a las sociedades de cazadores que gestionan cotos regionales en el equivalente al 20 por ciento de las indemnizaciones realizadas si cumplen el plan de caza aprobado y ya han abonado las indemnizaciones a los perjudicados”.
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