El Principado ha notificado ya las cuantías de 1. 966 expedientes y se han enviado 671 nuevas liquidaciones, pese a las dificultades del procedimiento de revisión. La Consejería de Servicios Sociales tiene identificados los 312 expedientes para los que se ha propiciado un cambio legislativo que les permitirá beneficiarse del procedimiento
El Gobierno de Asturias avanza en el proceso iniciado el 1 de septiembre de 2017 para calcular el copago por estancia en centros del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) a las 2.802 personas dependientes que no pudieron beneficiarse de la participación en el coste del servicio prevista en la Ley de la Dependencia. Este procedimiento se regula por el decreto que elaboró el Ejecutivo autonómico para atajar las desigualdades detectadas y dar cumplimiento a la moción aprobada por la Junta General -convertida en la Ley 4/2016 de noviembre de 2016- en la que se instaba al Principado a revisar las deudas e impulsar una auditoría de expedientes. Pese a la complejidad de este trámite, debido al tiempo transcurrido desde el final de la estancia de estos residentes, que en algunos casos se remonta a 2007, y a la inexistencia de personas concretas a las que dirigirse, se han realizado importantes avances. Así, de los 2.802 expedientes afectados, hasta mediados de este mes se notificó la resolución de copago de 1.966 expedientes y, por tanto, en estos ha finalizado el primer proceso de cálculo de la participación en el coste del servicio. Además, el ERA ha notificado ya la resolución de revocación de 671 expedientes, que en 326 casos implica el derecho a la devolución de cantidades abonadas en exceso en su día y en 345, una reducción de la deuda con el organismo. 312 expedientes, objeto del cambio legal En el transcurso de este procedimiento, se detectó que existían 312 expedientes, de los 2.802 identificados inicialmente, a los que resultaba imposible aplicar lo dispuesto en el Decreto 59/2017, ya que la Ley 4/2016 insta a la Administración a revisar de oficio las liquidaciones y, en estos casos, la normativa básica sobre procedimiento administrativo impedía hacerlo debido al tiempo transcurrido; es decir, que las liquidaciones habían prescrito. Por esta razón, tras informar el Principado a todos los grupos políticos, la Junta General acordó el 11 de octubre por unanimidad modificar la ley para articular un nuevo mecanismo que permitiera a estas personas tener derecho a la aplicación de lo dispuesto en el Decreto 59/2017, garantizando así la plena efectividad y la equidad del proceso. La Consejería de Servicios y Derechos Sociales, que ya había identificado los 312 expedientes a los que se aplicará el régimen especial previsto en la modificación de la Ley 4/2016, les remitirá en su momento el modelo oficial que deberán presentar para solicitar el abono de las cantidades que correspondan, y que será el único válido para ello. Asimismo, ya se ha iniciado la devolución de ingresos por un importe de 2.342.620 euros y se estima que el retorno de cantidades a las personas dependientes o a sus herederos alcanzará los 4,3 millones, de los que alrededor de 1.160.000 euros corresponderían a los 312 expedientes para los que se ha articulado este mecanismo legal.
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