La organización sindical advierte de que España puede ser apercibida por Europa si no cumple con los controles pesqueros
GIJÓN, 26 (EUROPA PRESS)
El sindicato CCOO ha convocado una concentración para este próximo jueves, a las 12.00 horas, en el muelle de Rendiello, en el puerto gijonés de El Musel, con motivo de la huelga de inspectores de pesca marítima.
El paro, promovido por CCOO, tiene como objetivo reivindicar el reconocimiento profesional y retributivo del colectivo de inspectores de pesca marítima, formado por 170 funcionarios que trabajan en los servicios centrales de Madrid y en los puertos, cinco de ellos en Asturias.
Según una nota de prensa del sindicato, exigen una regulación laboral que se ajuste a la realidad del trabajo que realizan, “con instrucciones consensuadas, justas y eficaces”.
También reclaman que se atienda a las denuncias que se están presentando y no se malgaste dinero público “tapando despropósitos”, así como que se adopten las medidas necesarias para acabar con “las irregularidades y los abusos” que aseguran que se están produciendo.
Otra de las reclamaciones es la elaboración de los Procedimientos de trabajo seguros, los cuales, según CCOO; debían estar realizados antes de finalizar 2023. Han recalcado que, sin ellos, no pueden realizar las tareas “sin poner nuestra integridad en peligro”, han advertido.
“Nos jugamos la vida en cada inspección en puerto, en cada abordaje en la mar y en cada vuelo en aeronave”, han agregado desde CCOO.
El sindicato ha avanzado que “la huelga indefinida se mantendrá sin poder garantizar el correcto desarrollo de esta campaña ni evitar la proliferación de prácticas ilegales que podrían poner en peligro los esfuerzos de sostenibilidad realizados en los últimos años”, han avisado.
A mayores, han alertado de que, de continuar la huelga, en el Norte habría consecuencias económicas para el sector. Han recalcado, unido a ello, que ahora mismo se están desarrollando las campanas de la anchoa y caballa y han incidido en que las consecuencias en este caso son perjuicios para el sector que trabaja de forma legal.
Sobre ello, han matizado que, al no haber las suficientes inspecciones en puerto, los pesqueros pueden traer a puerto más capturas de las que declaran. Además, en el caso de la anchoa, no se está verificando la talla mínima y han remarcado que la anchoa pequeña se vende mucho más barata al no ser útil para conserva.
Más aún, han señalado que hay un porcentaje mínimo de inspecciones a realizar, que puede que España no cumpla, por lo que podría recibir un apercibimiento de la UE, e igualmente si llega a la CE informaciones sobre descargas ilegales.
Han incidido, unido a ello, en que “el pescado que se vende en negro, además de no pagar impuestos y perjudicar a los pescadores legales, no pasa controles de lonja y no se sabe en qué condiciones se ha transportado o en que condiciones se encuentra”.
CCOO ha insistido en que esta situación “pone en riesgo el control sobre los desembarques y favorece la entrada de pescado ilegal en los mercados, bajada de precios medios para la pesca profesional y riesgos, en general, para la salud pública por el consumo de pescado que no cumple los mínimos de salubridad”.
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