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Afectados por el retraso de las ayudas al alquiler denuncian múltiples trabas al intentar acudir a la justicia gratuita

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OVIEDO, 10 (EUROPA PRESS)

Los afectados por el retraso en el pago de las ayudas al alquiler denuncian ahora un nuevo muro burocrático al tratar de acceder a la justicia gratuita para reclamar vía judicial el pago de las ayudas. Los afectados aseguran que les están solicitando muchísimos más requisitos que a otros ciudadanos para poder acceder a un abogado de oficio.

Yolanda Gutiérrez y Carlos García, dos de los afectados, han narrado en primera persona su nefasta experiencia al tratar de acudir a la justicia gratuita. Lo han hecho en una rueda de prensa acompañados por la portavoz de IU, Ángela Vallina, que ha mostrado su apoyo a los afectados y que ha indicado que su grupo llevará este asunto al Parlamento.

“Nos piden hasta un año de nuestros movimientos bancarios, el año entero de nóminas, hubo personas que firmaron la solicitud en el lado izquierdo y les hicieron volver otro día porque tenían que firmar un poco más a la derecha. El trato ha sido vergonzoso”, ha indicado Gutiérrez.

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Parecida ha sido la experiencia de Carlos García, que ha lamentado que sólo ha sido después de salir en medios de comunicación cuando han empezado a recibir alguna de las cartas de Justicia, y en buena parte se les deniega el servicio.

Ángela Vallina ha lamentado que este gobierno no haga más que presumir de que tiene una guerra contra la burocracia y lo que está ocurriendo a los afectados por las ayudas al alquiler es un claro ejemplo de que esa guerra “se está perdiendo cuando la misma afecta a las personas y no a las empresas”.

“Hablamos de personas que llevan más de un año pasando un auténtico calvario, esperando acceder a unas ayudas que tienen concedidas y ahora tratando de acceder a un derecho como es el de la Justicia gratuita”, ha indicado Vallina que ha recordado que son casi 3.000 asturianos los que siguen sin cobrar toda o parte de la ayuda y ahora unas 200 las que solicitan la justicia gratuita para poder reclamar esos pagos.

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Para tener derecho a ese servicio los ingresos no deben superar los 11.500 euros al año, unos 800 euros al mes. “Esta es la guerra contra la burocracia de la que tanto presume el Principado, sin embargo cuando hablamos de empresas con una declaración responsable todo está finiquitado”, ha lamentado Vallina


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