ZARAGOZA, 2 (EUROPA PRESS)
La Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos ha recibido este miércoles a las representantes de la Asociación de perjudicados por el alcalde del municipio zaragozano de Monterde para informar sobre “la inmatriculación irregular de propiedades privadas” por parte de la corporación, denunciando que la actitud antidemocrática del regidor, el popular José Gracia, “está amargando a las personas mayores de nuestro pueblo”.
“Nos hemos constituido para defender a los vecinos de Monterde ante el atropello que están sufriendo, especialmente las personas mayores, quienes enfrentan un gran sufrimiento debido a esta situación”, ha sentenciado el portavoz de la entidad, Arturo Pardos, al inicio de su comparecencia.
En el 2023, ha explicado que, tras el fallecimiento de una vecina, Marcelina Ramón, “su familia descubrió que su casa había sido inmatriculada a nombre del Ayuntamiento sin su conocimiento, y al investigar, se reveló que no solo ella, sino también otras familias, estaban en la misma situación”, haciendo hincapié en que “ni los afectados ni los concejales del propio partido del alcalde estaban informados”.
Por consiguiente, ha relatado que “descubrimos que se solicitó la inscripción de propiedades privadas como si fueran parcelas de monte público en Monterde, viviendas que eran habitadas por familias y con documentos que acreditan su propiedad, fueron registradas sin su consentimiento”.
Respecto a la responsabilidad de los concejales, el portavoz ha explicado que “desconocían esta maniobra” y que, a pesar de ello, “se modificaron las referencias catastrales para hacerlas municipales”. En este sentido, ha denunciado que el alcalde “continúa bloqueando cualquier intento de los vecinos de regularizar” la situación en el Registro de la Propiedad.
Pardos ha continuado pidiendo a los miembros parlamentarios que “las instituciones deben fiscalizar este abuso de poder, y no solo el del Ayuntamiento, sino también las personas físicas que han colaborado en este atropello”. “Deberían asumir la responsabilidad económica y penal del sufrimiento causado, especialmente a las personas mayores, muchas de ellas de 80 años”, ha insistido en el último turno de palabra.
INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
La parlamentaria María Navarro (PP) ha señalado que “los pleitos que demuestran la titularidad de una finca son muy complicados”. Además, ha recalcado que “en este proceso ha habido muchas partes como es el secretario general, un catastro y un registrador de la propiedad”. No obstante, ha indicado que “están en su derecho de pedir lo que creen que les corresponden”.
En representación de la bancada socialista, Sergio Ortiz ha explicado que, en la última sesión plenaria celebra en Monterde, “el alcalde no aclaró el coste que está pagando el ayuntamiento ante una veintena de demandas de los ciudadanos”, añadiendo que “parece ser que un concejal del equipo de gobierno se sumó a la iniciativa ante la falta de transparencia trasladada por los vecinos”.
Isabel Lasobras, de CHA, ha mostrado su apoyo ante “la grave situación” que están viviendo debido a “la inseguridad y ruina de quedarse sin sus propiedades, tal y como intenta el alcalde con la inmatriculación de casas, bodegas y tierras que son de los vecinos”. Por otro lado, ha criticado que el Cabildo “lo que está intentando es bloquear para provocar litigios, sin intención de avisar a ningún vecino”.
Desde Aragón Teruel Existe, Pilar Buj ha trasladado que “decir intolerable es poco”. La diputada ha señalado que “los afectados han perdido su propiedad en los tribunales, con un doble daño, el moral y el económico”, afirmando que “esta situación no era innecesaria, sobre todo cuando el alcalde debe tener la deferencia de avisar a sus ciudadanos de la situación”. Buj ha finalizado categorizando esta anomalía como “nula transparencia y que debe ser revertida”.
En última instancia, Alberto Izquierdo (PAR) ha afirmado que los concejales y los secretarios del Ayuntamiento “lo sabían y no me creo que ni del gobierno de la localidad y ni la oposición no tuvieran conocimiento de esta situación”.
A este respecto, ha añadido que “cualquiera que vea esta situación pensará que el alcalde pueda hacer cualquier cosa sin justificación, porque para pagar todo esto que indican necesitan pasar por el Pleno, y estamos seguros de que todos son cómplices porque el alcalde está ahí porque los concejales quieren”.
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