ZARAGOZA, 30 (EUROPA PRESS)
Las organizaciones que recurrieron las subvenciones para la realización de actividades extraescolares exclusivas para las familias de la educación concertada –Fapar, CCOO, CGT, FABZ, IU, Podemos y ZeC– han pedido al Ayuntamiento de Zaragoza que rectifique, después de recibir una segunda sentencia estimatoria contra dichas bases por considerarlas “discriminatorias”.
Así lo ha manifestado en rueda de prensa la secretaria técnica de Fapar, Nieves Burón, quien ha actuado de portavoz del resto de entidades y ha mostrado su “satisfacción” porque, con esta última resolución judicial, han recibido ya dos sentencias, de dos salas y magistradas diferentes, que les dan la razón “con el mismo argumento”, que es que estas ayudas municipales a las familias de la enseñanza concertada son “contrarias al principio de igualdad” porque el alumnado de los centros públicos no puede acceder.
Por todo ello, Burón ha pedido al Consistorio zaragozano que rectifique y saque una nueva convocatoria, convenientemente dotada, en la que modifique las bases para que todas las familias vulnerables se puedan beneficiar de estas subvenciones.
Sin embargo, ha lamentado que el Gobierno de la ciudad “no solamente no rectifica”, sino que ha cometido el acto “irresponsable” de presentar un recurso de apelación contra la sentencia. “Siguen sin entender lo que se les está diciendo”, ha apostillado, a la vez que ha remarcado que “están discriminando al 67 por ciento de las familias vulnerables de la ciudad”, que son las que estiman que son usuarias de la escuela pública.
En cuanto a la posibilidad de reclamar para las familias de la enseñanza pública los importes no disfrutados en los años previos, la representante de Fapar ha dicho que “el daño está hecho durante tres años consecutivos” y que ahora lo prioritario es que se convoquen de nuevo con unas nuevas bases para que puedan llegar al alumnado de todos los centros, puesto que, además, hay 500.000 euros presupuestados que, no obstante, se deberían triplicar para atender a todos los beneficiarios. Ha pedido, por tanto, al equipo de gobierno “que acepte que es una política discriminatoria y que la rectifique de forma inmediata”.
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