TERUEL, 25 (EUROPA PRESS)
El hotel rural Mas de Cebrián, ubicado en el término municipal de Puertomilgalvo (Teruel), ha solicitado medidas cautelares al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para paralizar el Clúster del Maestrazgo, que prevé la instalación de 25 parques eólicos y dos fotovoltaicos en las inmediaciones y que dispone de autorización administrativa para su construcción que llevarían a cabo Copenhagen Infrastructure Partners CIP y Forestalia.
De esta forma, se une a la presentación de las medidas cautelares un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que han llevado a cabo entidades como la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, la Plataforma No a la MAT del Norte de Castelló, el Movimiento Ciudadano Teruel Existe y la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel y el Ayuntamiento de Morella.
Desde el hotel rural Mas de Cebrián, uno de sus responsables, Jesús Broch, ha argumentado la petición de las medidas cautelares porque este megaproyecto se levantaría en un zona “destinada a ser el parque natural más extenso de Aragón”. Además de que parte de los aerogeneradores y placas solares “esta previsto instalarlos” en zonas ZEPA –Zona de Especial Protección de Aves– y LIC –Lugar de Interés Comunitario–, que forma parte de la Red Natura, donde hay productores de ganadería extensiva, ha indicado en declaraciones a Europa Press.
El Clúster del Maestrazgo incluye 125 aerogeneradores de más de 200 metros de altura en 25 parques eólicos y otros dos fotovoltaicos con 174.000 placas solares y las líneas de evacuación contiguas al establecimiento turístico rural del Mas de Cebrián y la tierra de labor del Mas de Domene, ambos en el término municipal de Puertomingalvo, sito en la Sierra de Gúdar.
Afectará la deforestación de 125 hectáreas, el impacto de 300 kilómetros de pistas forestales de gran anchura, 173 kilómetros de líneas eléctricas y la tala de más de 2.000.000 de árboles adultos. Son parte de las consecuencias del impacto ambiental irreversible a la autorización administrativa de construcción y declaración de utilidad pública concedidas al Clúster del Maestrazgo, es decir, a las empresas promotoras CIP y Forestalia desde el Gobierno de España.
Además, conlleva “afecciones evidentes” a la economía circular, la agricultura local, la ganadería extensiva, el turismo de interior y la biodiversidad, con una agresión sin límites a la Red Natura 2000 y su avifauna.
REPUTACIÓN DE LAS RENOVABLES
Ha alertado de que la responsabilidad ante “tamaño despropósito” afectará a la reputación del indicador de sostenibilidad en la implantación de las energías verdes para las empresas promotoras, Copenhagen Infrastructure Partners CIP y Forestalia, que dice explotar Masía I y Masía II, las dos macroplantas de energía solar para “suministrar electricidad gratuita” a los pueblos afectados, hecho que ha desmentido el director general de Copenhagen Infrastructure Partners, Javier Prado, en unas declaraciones “sembradas de dudas al respecto”.
Es evidente, según Broch, que “coexiste una presunta responsabilidad subsidiaria” en la concesión de los informes previos del INAGA para autorizar la DIA –Declaración de Impacto Ambiental– del Clúster del Maestrazgo.
Las “malas prácticas” del MITECO en la ordenación y la planificación del territorio para implantar renovables “reafirman la nula ética” del proyecto, por autorizarse la construcción de la “macro central más grande de España en un territorio destinado a ser uno de los parques naturales más extensos de Aragón”, por lo que la demanda de Mas de Cebrian, admitida a trámite en la sala del contencioso administrativo de TSJ de Madrid, es “un paso atrás para todos los implicados en este desaguisado, que debería ser estudiado, porque ya ha habido en estos casos jurisprudencia aplicada en otras comunidades autónomas”.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha dicho Broch, es el “garante” para ordenar las medidas cautelares por daños al medio ambiente del proyecto Clúster del Maestrazgo, promovido por CIP y Forestalia para la Sierra de Gúdar.
La gravedad de los daños medioambientales al entorno hace impugnable la declaración de impacto ambiental. La actividad que pretenden desplegar Copenhagen Infrastructure Partners y Forestalia afecta al ecosistema del espacio natural.
El ánimo de lucro de las promotoras no debe primar frente a la protección medioambiental del entorno, ha exigido. Además, ha contado que “hubo indicios de delito ambiental apreciados por la Fiscalía de Teruel y la Guardia Civil, desconociéndose, por el momento, el pronunciamiento”.
La minimización del impacto ambiental tendría consecuencias irreversibles con un efecto devastador para la fauna aviar, ha considerado Broch. El criterio de los especialistas que han redactado los informes periciales alerta de las afecciones que ponen en peligro la supervivencia de once hábitats de interés comunitario, especies como el águila perdicera y quebrantahuesos, sumadas a las consecuencias de la fragmentación de corredores ecológicos y a la conectividad de las ZEPAS.
SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN
El principio de prevención en derecho hace que una valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto “le otorgue la tutela cautelar” y la suspensión se extendería hasta la vía contencioso administrativa.
“Este macroproyecto judicializado de principio a fin ha destapado las sospechas de corrupción desde los comienzos de su tramitación”, ha expresado Broch.
Al respecto, ha relatado que las interpelaciones de los diputados de CHA, Teruel Existe y VOX en las Cortes de Aragón sobre las proposiciones no de ley presentadas por sus grupos políticos contrarias al Clúster “no han hecho más que reafirmar que no existe consenso alguno en Aragón, ni en la provincia de Teruel” para la implantación de este macroproyecto.
El Gobierno de Aragón, ha instado, “debe tomar nota” de este relato judicializado admitido a trámite. Los recursos de alzada presentados de manera individualizada a cada uno de los parques a las resoluciones publicadas desde el Consejo de Ministros tendrán que otorgar razones al Mas de Cebrian y a las entidades en defensa del territorio por las afecciones del Clúster, lo cual pasa por paralizarlo para eximir de daños medioambientales a la Sierra de Gúdar.
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