ZARAGOZA, 19 (EUROPA PRESS)
El pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha rechazado una moción del grupo de Podemos-Equo –que solo han apoyado, además del proponente, Ciudadanos y VOX– en la que pedía formalizar un convenio con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza para implantar sistemas personalizados de dosificación en las farmacias de la provincia en municipios de menos de mil habitantes. También ha decaído la propuesta de resolución del PP –que han apoyado, además, Cs y VOX– para solicitar una fiscalidad diferenciada eficaz para el medio rural.
La diputada de Podemos, Susana Palomar, ha comentado que para la correcta implantación de la dosificación el farmacéutico tiene que hacer entrevistas previas para garantizar el seguimiento del tratamiento y del paciente. Para mejorar la calidad de vida de los municipios más pequeños, hay que apoyar a las farmacias rurales que, además, contribuyen a fijar población.
La diputada de En Común-IU, Elena García, ha coincidido en señalar que es una herramienta para mejorar el tratamiento y tiene que aplicarse en colaboración con el Servicio Aragonés de Salud (Salud), ya que no es una competencia propia de la DPZ, sino del Gobierno autonómico. A su parecer, es un problema de modelo farmacéutico y no de presupuestos. Ha votado en contra.
La diputada de Cs, Blanca Cebollada, ha destacado el papel de los farmacéuticos en el medio rural, que es la “única puerta de acceso a la sanidad para muchos aragoneses”, tras la clausura de consultorios en los municipios más pequeños. “Erradicar la pobreza farmacéutica del territorio es una necesidad e impulsar este tipo de iniciativas revela el poco interés del Gobierno de Aragón en este asunto”.
Desde el PP, la diputada, María Ángeles Larraz, ha estimado que este sistema personalizado es “bueno y podría funcionar bien”, pero la competencia es del Gobierno de Aragón, ha aclarado. Su implantación es un coste para las farmacias y también en recursos humanos y se debería contar con el patrocinio de los laboratorios y la industria farmacéutica.
Ha añadido que aunque facilite al paciente las tomas de medicinas y reduzca los errores en la tomas “la moción se debe presentar en las Cortes de Aragón que es donde radican las competencias”.
FALTA EL CONTACTO PREVIO
El diputado del PSOE, Francisco Compés, ha dicho que esta moción pide formalizar un convenio con el Colegio Oficial de Farmacéutico de Zaragoza para impulsar el servicio en municipios de menos de mil habitantes, pero “no consta un contacto previo que debe ser el primer paso”.
Ha dicho que hay que analizar el grado de implantación del servicio, el interés en ofrecerlo y la demanda del mismo, junto a los costes de aplicarlo. La iniciativa la debe liderar la comunidad autónoma y el sector farmacéutico, sin perjuicio de que las diputaciones provinciales presten colaboración.
El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha aseverado que la moción no se puede firmar en esos términos, sino que hay que buscar otra fórmula y ha comentado que ya ha hablado con la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Raquel García Fuentes.
FISCALIDAD DIFERENCIADA
La diputada del PP, Iluminada Ustero, ha defendido la propuesta de resolución sobre fiscalidad diferenciada eficaz, al argumentar que con las medidas actuales, en el mejor de los casos solo beneficiará a 7.000 de los 105.000 aragoneses que viven en zonas de riesgo de despoblación.
Ha enumerado una serie de medidas, que suponen para el Gobierno de Aragón dejar de ingresar unos 35.000 euros anuales y no llegar ni a 60.000 euros anuales con otros impuestos.
“El Gobierno de Aragón –ha criticado– no ha pensado en mejorar la vida de personas en zonas despobladas, ni a cuántas puede beneficiar, sino en una miseria y dice que lucha contra la despoblación para ponerse una medalla”.
La diputada de Podemos, Susana Palomar, ha dicho ser favorable a facilitar medidas para el medio rural que deben llegar a las rentas medias y bajas, sin poner en riesgo los servicios públicos.
Desde En Común-IU, Elena García, ha abogado por que cada uno aporte, según sus capacidades, para abundar en la progresividad y justicia social.
El diputado de Cs, Conrado Gayán, se ha sorprendido porque se presente la iniciativa justo antes del plazo de vencimiento de enmiendas al proyecto de Ley de Dinamización del Medio Rural, al que Cs ha planteado 66 enmiendas, con propuestas como ayudas a la vivienda para jóvenes o para personas que ejercen la función de guardería.
El diputado del PSOE, Francisco Compés, ha manifestado que todas las Administraciones tiene posibilidad de intervenir, pero solo desde sus competencias y, por ello, la importancia de la colaboración y la transversalidad. La propuesta del PP “no recoge porcentajes, ni cuantías, solo busca un titular arrogándose la preocupación del medio rural que no es suyo”.
Ustero le ha rebatido a Compés al señalar que a los ciudadanos “cada día les gustan más las políticas del PP como revelan las encuestas”. Ha comentado que se dejan de recaudar cinco millones de euros con la propuesta del Gobierno de Aragón y es una cuantía “ridícula” porque solo la DPZ ha puesto más en ayudas a la hostelería contra la COVID-19.
LA REALIDAD
El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha intervenido para recordar que el PP ha votado a favor de la ley que se tramita en las Cortes de Aragón y esta propuesta de resolución es una “falta de respeto” al grupo del PP en las Corte autonómicas o una descoordinación. Tras apuntar que el texto legislativo está en fase de enmiendas, próximamente se constituirá la ponencia por lo que el PP “tiene que presentar sus propuestas en las Cortes y no en la DPZ porque la ley no se tramita aquí”.
Sánchez Quero le ha afeado al PP que en lugar de reconocer que esa futura ley “es buena para el medio rural, la desprecian e intentan poner palos en la rueda, con discursos de victimismo y caos”. “Solo analizan desde el electoralismo y los intereses generales les interesan poco o nada”, ha opinado.
Ha agregado que es la primera vez que el cuatripartito en el Gobierno de Aragón –PSOE, Podemos, CHA y PAR– “pone un régimen de fiscalidad diferenciado en los tributos cedidos” y aunque ha dicho que no va a solucionar el problema, es un “reconocimiento a los pueblos a los que es más difícil acceder a los servicios”.
Al respecto, ha indicado que las bonificaciones llegan a 26 asentamientos con un total de más de 70.000 personas, “pero esa es la realidad de Aragón”, ha concluido.
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