MEQUINENZA (ZARAGOZA), 19 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Mequinenza ha manifestado su preocupación por el retraso en la publicación de las ayudas del Gobierno de Aragón a los afectados por el incendio de Nonaspe, registrado a mediados del pasado mes de junio.
En este caso, el fuego afectó a más de 2.300 hectáreas, de las que 1.300 se corresponden al término municipal de Mequinenza, provocando daños en 700 hectáreas de cultivos, 500 en esta localidad zaragozana, principalmente de fruto secos, frutales y olivar, han precisado desde la entidad local.
Según datos aportados por el sindicato agrario UAGA, la reposición de los cultivos afectados tendría un coste aproximado, dependiendo de variedades, de unos 7.000 euros por hectárea, a los que habría que sumar las reparaciones en los daños producidos en los sistemas de riego y en las mallas antigranizo, ha apuntado el alcalde de Mequinenza, Antonio Sanjuán, añadiendo: “Podrían superar de largo los 10.000 euros por hectárea según el caso”.
Sanjuán ha lamentado: “Esperábamos, al menos, la misma sensibilidad que se ha tenido con los afectados del incendio de Ateca”, para el que se ha publicado el Decreto Ley 6/2022, de 12 de agosto, por el que se establecen medidas urgentes para restaurar los daños causados al medio agrario, forestal y natural.
Asimismo, ha recordado que, junto al Ayuntamiento de Nonaspe, se encargó un vuelo en dron para determinar los daños en detalle y agilizar las posibles ayudas que “por el momento no han llegado más allá de la declaración de zona catastrófica”.
En este sentido, Sanjuán ha reclamado a las administraciones superiores que en cuestiones que afectan al territorio y su supervivencia “no se ponga de perfil y que actúe”, refiriéndose a cuestiones como la problemática de acumulación de lodos en la desembocadura del Segre y la proliferación de algas en Mequinenza “que acabará judicializándose”.
También se ha referido a la solución a los problemas con la captación de agua potable del Polígono Industrial Riols (PIR) que acometerá en solitario el Ayuntamiento, o los retrasos en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la ampliación de los regadíos de la Comunidad de Regantes APAC, cuyo órgano rector ya ha anunciado que exigirá responsabilidades patrimoniales.
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