ZARAGOZA, 23 (EUROPA PRESS)
La directora general de Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, Esperanza Puertas, ha destacado “el mucho trabajo y el alto grado de responsabilidad” que asumen los 23 letrados que componen el área con los más de 12.000 pleitos vivos que deben supervisar, muchos de ellos “de muchos millones de euros” o “muy importantes” a los que dedican “muchas horas de trabajo y mucho esfuerzo, siempre en beneficio de los intereses de la comunidad autónoma”.
Puertas ha comparecido en la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón atendiendo por segunda vez la solicitud del diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ausente la semana pasada por una “confusión en su agenda” que lo llevó a Alcañiz a la hora fijada, algo por lo que el aragonesista se ha vuelto a disculpar.
La directora ha explicado las líneas generales de su área de trabajo, motivo solicitado para su comparecencia, y se ha zafado de los intentos de PAR y CHA de centrar su intervención en cuestiones puntuales como la polémica por la competencia de los consistorios en materia de planeamiento urbanístico y si Aragón tiene o no competencia para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía.
Puertas ha dado cuenta de la ingente cantidad de trabajo que abordan los 23 letrados de su Dirección General, con 1.784 pleitos nuevos que han entrado la semana pasada, que se suman a los 2.458 de 2023 hasta alcanzar los 4.242 pleitos. Una cifra condicionada, según ha puntualizado, por “los plazos de la Justicia” que llevan a que “podamos hablar de que ahora mismo tranquilamente se acumulan 12.000 pleitos vivos”.
En el desglose, Puertas ha mencionado los 775 contenciosos administrativos, los 322 del social, los tres de constitucional, los 503 informes consultivos de este año y los 632 del pasado, las 1.152 diligencias en total y las 944 mesas de contratación, que en dos años suman 2.151, con las numerosas sesiones que cada una de ellas conlleva entre las aperturas del sobre uno, el sobre dos, el tres, la calificación del adjudicatario y otras” según ha detallado.
Una sobrecarga también condicionada por la situación de comisión de servicios en que se encuentran varios de sus componentes y que espera se vea aliviada con la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2023, en la que se incluye una plaza de letrado, y la de 2024, en la que la directora general ha pedido otra. “Esperamos poder contar e ir contando con más personal, pero luego los procesos son largos y la oposición es dura”, ha expresado.
UNA DIRECCIÓN “QUE NO REALIZA GESTIONES NI UNA LABOR POLÍTICA”
En todo caso, Puertas ha hecho hincapié en que “es una dirección particular porque no se realizan gestiones, sino una labor jurídica y en ningún caso política” y ha matizado que “no expreso el criterio del Gobierno de Aragón, yo expreso el criterio de esta Dirección General y este matiz es importante tenerlo en cuenta”.
Las tareas de esta Dirección General se dividen principalmente en la función consultiva y contenciosa, siendo la primera la que abarca el mayor volumen de trabajo en ámbitos como el jurisdiccional, asistencia a letrados y representación al cuerpo de procuradores, así como en las Salas de lo Civil, Penal, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, ha expresado al inicio de su intervención.
Por lo que se refiere a las competencias municipales y en respuesta a la petición del portavoz del Grupo Mixto, la responsable ha señalado que “sin entrar en debate, hay que tener en cuenta que la organización territorial se recoge en el Título VIII de la Constitución española, donde se reconoce la autonomía local, pero estas competencias no son ilimitadas”, ya que se ven condicionadas por la legislación básica que establece el Estado y por la competencia que ostentan las comunidades autónomas.
Sobre la legitimación para poder plantear un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, Puertas ha sostenido que la generalidad de la afección a todas las comunidades autónomas no implica que se prive de legitimación a una región en concreto. Como ejemplo se ha referido a la Ley de Contratos del sector público: “Cuando el Gobierno de Aragón la impugnó ante el Tribunal Constitucional, ésta afectaba a todas las comunidades autónomas, no es que afectase especialmente a Aragón”.
La directora general ha asegurado que, más allá de lo que señala el informe consultivo, “todas las cuestiones que afectan a la integridad territorial del Estado, al poder judicial y la igualdad entre todos los españoles, entendemos que afectan a las competencias autonómicas, el Estatuto de Autonomía de Aragón también reconoce a la comunidad autónoma el deber de garantizar los derechos de los ciudadanos, el deber de garantizar la igualdad”.
El diputado del Partido Aragonés, Alberto Izquierdo, ha consultado “hasta dónde llega la autonomía municipal porque, aunque sabemos que las competencias con el Gobierno están entrelazadas y no quedan claras, siempre hemos entendido que la autonomía debe respetarse”.
La diputada del Partido Popular María Navarro ha celebrado que Esperanza Puertas sea directora de Servicios Jurídicos, pues “quién mejor que una letrada de Aragón para ocupar este puesto y con una experiencia intachable gobierne quien gobierne”. Navarro ha querido agradecer “a los veintitrés letrados por el ingente trabajo realizado y que realizaréis, por lo que queremos que se continúe con el buen trabajo hecho hasta ahora”.
Por su parte, el socialista Darío Villagrasa ha pedido saber “cuántos asuntos en vía contenciosa-administrativa existen en Aragón y cuántos son los que pueden poner fin mediante la vía judicial, porque a veces los ciudadanos no somos conscientes de la cantidad de litigiosidad que hay”. Por otra parte, Villagrasa ha mencionado también “si es importante ampliar el personal para que se puedan abarcar todas las cuestiones del sector público”.
Desde Vox, Alejandro Nolasco ha recriminado a la directora general que “no debería estar aquí para comentar informes jurídicos que no ha hecho” y le ha preguntado “si piensa que hay posibilidades en el desarrollo del recurso inconstitucional contra la Ley de Amnistía, pues lo que afecta a una parte de España, afecta a todo el territorio”.
El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha recalcado que “esta es una dirección clave para que se respete la legalidad y el Estado de Derecho”. En referencia al ámbito de la contratación, Soro ha trasladado la necesidad de más personal, ya que la conformación de los órganos de contratación obliga a la presencia de un letrado y muchas veces esto produce retrasos y hace que seamos muy poco ágiles, porque llega octubre o noviembre y no se ha ejecutado el presupuesto”.
Respecto a las renovables en Aragón, el diputado Joaquín Moreno (AT-Existe) le ha reclamado conocer “el criterio del Gobierno de Aragón respecto a la capacidad de regulación y ordenación de los municipios en cuanto a las competencias de esta dirección” al considerar que “ha habido contradicciones y debe ser su dirección la que dé explicaciones”.
- Te recomendamos -
