ZARAGOZA, 3 (EUROPA PRESS)
La interventora general de Aragón, Ana Gómez, ha asegurado que “los 87 millones de euros que podamos haber perdido por la financiación autonómica se ven superados por el exceso de recaudación debido al crecimiento y el alza de los tributos cedidos”, por lo que ha aclarado que la actual situación de prórroga presupuestaria no ha conllevado por el momento ninguna retención ni bloqueo de crédito.
Gómez ha comparecido este lunes en la Comisión de Hacienda, Presupuestos, Interior y Administración Pública para informar, a petición del PSOE, sobre la liquidación del Presupuesto autonómico de 2024 y las consecuencias de la prórroga presupuestaria para el presente ejercicio de 2025.
Esas cuentas del pasado ejercicio, según ha explicado la interventora, han experimentado un incremento en el apartado de ingresos de 730 millones de euros, debido no únicamente a las entregas a cuenta, “sino, sobre todo, ha especificado, al elevado importe de la liquidación correspondiente al ejercicio 2022”, con un “comportamiento general al alza” de los impuestos cedidos, especialmente en el caso del impuesto de Sucesiones, “cuyo hecho imponible depende de factores bastante imprevisibles según el nivel económico de la gente o de los sujetos pasivos que tienen que hacer la declaración”.
En ese apartado recaudatorio ha resaltado el peso de los tributos propios, “que representan un porcentaje muy pequeñito del total de los ingresos, pero que este año se han incrementado por las dos nuevas figuras impositivas sobre parques eólicos y parques fotovoltaicos, que han sumado conjuntamente un importe de 11 millones”, ha señalado. A ellos se ha sumado el incremento de los fondos europeos, de entre los que ha destacado los 28 millones de euros de anticipo para el pago del Fondo de Transición Justa.
En ese sentido, ha advertido del “efecto distorsionador” que los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia causan en la ejecución presupuestaria, como queda reflejado en los capítulos VI y VII del Presupuesto de 2024: “Esto se debe a que en el Presupuesto se generan todos los créditos del conjunto de gastos desde el año 2021 hasta 2026, pero la ejecución es la que es, cada año se ejecuta un poquitín y ahora, en relación con los ingresos que hemos recibido de los fondos del mecanismo de recuperación, empezamos a tener mucho más gasto que ingreso, como tiene que ser”, ha expuesto.
Respecto a las desviaciones del gasto en Sanidad –90 millones de euros— y en Educación –57 millones de euros–, Gómez ha apuntado que en el capítulo II se imputaron entre 115 y 120 millones de euros en facturas pendientes del ejercicio de 2023 a través de la conocida como cuenta 413. Además, ha sumado los incrementos retributivos del 3% de la masas salarial, los acuerdos sectoriales de 2023 y el pago de la carrera profesional que en total supuso entre 50 y 60 millones de euros adicionales.
Ana Gómez ha recordado que resulta una técnica habitual, “que se emplea desde que tengo uso de razón, aunque cada vez más, la de presupuestar los incrementos salariales en la sección 30 del capítulo I y luego hacer transferencias de crédito a los diferentes departamentos”. Un recurso que ha considerado que “no supone que se deje al Gobierno hacer lo que quiera, puesto que debe atenerse a la ley de Hacienda y la Dirección General de Presupuestos da cuenta a las Cortes cada tres meses”.
En lo que respecta a los efectos de la prórroga presupuestaria, la interventora se ha mostrado convencida de que Aragón no tendrá problema en cumplir con la décima de déficit establecida por cuanto coincide con el objetivo con el que se elaboraron los presupuestos del pasado ejercicio.
Gómez ha apuntado que el actual escenario de prorrogación de las cuentas de 2024 permite la disponibilidad de todos los créditos de los capítulos I, II, III, V, y IX para que los servicios públicos sigan funcionando y, cuanto a los capítulos IV, VI VII, la situación varía respecto a la prórroga de 2029 por cuanto entonces se autorizaban las modificaciones que resultasen “indispensables” y ahora se establece las que resulten necesarias”. Para aclararlo, ha puesto el siguiente ejemplo: “No es lo mismo que se estropee una tubería en el Hospital Miguel Servet, que hay que arreglarla, porque eso sí es indispensable, que si se estropea la calefacción en pleno invierno en el edificio donde yo trabajo”.
Por último, Gómez ha considerado necesario revisar el apartado de subvenciones nominativas incluidas en el Presupuesto “porque muchas de ellas en realidad no lo son”. Por ello, ha llamado a hacer un análisis sobre las que sí lo son, las que no, las que deberían ir a concurrencia competitiva y aquellas que no tienen mucha justificación a tenor de los principios de publicidad, concurrencia e igualdad que trato que predican tanto la ley de subvenciones del Estado como nuestra propia ley de subvenciones.
DUDAS SOBRE LA EJECUCIÓN Y LA INVERSIÓN
El diputado socialista Óscar Galeano ha criticado los bajos porcentajes de ejecución de los diferentes departamentos y se ha preguntado cómo será posible aumentarlos en 2025 “con las limitaciones que conlleva la prórroga presupuestaria”. “Es como si yo apuesto en este momento a que el Real Zaragoza asciende a Primera División, vamos, juego con fuego”, ha comparado.
La popular Blanca Puyuelo ha defendido que hay que estar “moderadamente satisfechos” con el balance de las cuentas de 2024 y que los servicios públicos “no se van a ver afectados por la prórroga: “Los aragoneses ven que en su día a día hay un gobierno fuerte, una comunidad que crece, que atrae inversiones, que impulsa viviendas, que arregla carreteras y unos servicios públicos que funcionan con normalidad”.
Desde VOX, Fermín Civiac ha hecho notar el “déficit democrático” que a su juicio supone “marearnos tres meses” con los presupuestos de los departamentos “para que luego con la sección 30 el Gobierno pueda hacer lo que le dé la gana”, lo que a deja en “papel mojado” el control que pueda llevar a cabo las Cortes.
La diputada de Teruel Existe María Pilar Buj ha traslado su preocupación por el futuro de las “inversiones reales” de los capítulos VI y VII, “que son las que llegan realmente al ciudadano y que cubren muchísimas de las necesidades” ante la actual prórroga. Por ello ha planteado “hasta qué punto es operativa la gobernabilidad”.
En el caso de CHA, su portavoz José Luis Soro ha reconocido haber defendido en solitario la conveniencia de que sea la Sección 30 la que administre parte del gasto de los departamentos: “Me parece muy bien que el dinero esté en manos del consejero de Hacienda y no en manos de Sanidad o Educación, porque si no, se habría gastado y luego habríamos tenido que ir a buscar dinero a otros departamentos”. Pero ha planteado su inquietud ante el futuro de muchas subvenciones nominativas.
Por último, el diputado de IU, Álvaro Sanz, se ha referido a una “deficiencia estructural” entre ingresos y gastos y ha criticado el mensaje “hipertriunfalista y falso” por “el año récord en inversiones, cuando, en realidad, se registraron 49 millones menos que en 2023″. Ha mostrado su preocupación porque siguen creciendo de forma exorbitante las subvenciones a empresas privadas y la externalización de los conciertos sanitarios y sociales”.
- Te recomendamos -
