ZARAGOZA, 17 (EUROPA PRESS)
El diputado de CHA Jorge Pueyo, del Grupo Plurinacional Sumar, ha presentado varias preguntas en el Congreso en las que emplaza al Gobierno español a ampliar, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y con la debida financiación, la plantilla de personal funcionario en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer para poder atender adecuadamente y con la dignidad precisa las nuevas competencias atribuidas por la Ley Orgánica 1/2025.
“La semana pasada el ministro Bolaños anunció que se va a ampliar en un 50 por ciento el número de juezas y jueces en estos juzgados, pero eso no es suficiente. Esos nuevos órganos deben ser órganos completos, esto es, con una dotación funcionarial adecuada, pues los juzgados no los compone solo un juez o jueza, sino un equipo de personas que trabajan conjuntamente: quien recibe a la víctima, quien la acompaña, quien tramita y ejecuta administrativamente lo que acuerda el juez o jueza, y quien en su caso hace las notificaciones son personal funcionario. Pretender crear un órgano dedicado a erradicar a la violencia sobre la mujer sin plantilla funcionarial es imposible”, ha advertido Pueyo.
El parlamentario aragonés también se interesa por el posible incremento de recursos materiales y medios profesionales como forenses valoradores y abogados, que evite la sobrecarga de trabajo que pueda acarrear una desprotección a las víctimas de violencia de género.
En ese sentido, Pueyo explica que en los últimos meses un centenar de jueces y juezas de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer han advertido de un riesgo de “colapso total” si se produce la asunción de todos los delitos contra la libertad sexual a partir de octubre, tal y como establece el apartado Veintiocho del artículo 1º de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, sin haber ampliado los recursos humanos y materiales para poder hacer frente a las nuevas competencias.
Al respecto, la secretaria de Feminismos de CHA, Isabel Giménez, considera necesario realizar un “estudio de impacto” sobre las nuevas competencias atribuidas a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, “atendiendo a que esa nueva carga no perjudique de ninguna manera a las víctimas de la violencia machista, que no pueden quedar diluidas entre el resto de las víctimas como una más, pues tienen derecho a un procedimiento que no las vuelva a victimizar, para lo que este debe ser digno, eficaz, eficiente y resuelto de manera adecuada en el menor tiempo posible”.
Además, su formación sugiere que participe en ese estudio el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer “como principal garante institucional en la materia”.
“Por supuesto, nos parece razonable que, si dicho estudio no estuviera concluido o si la consiguiente creación de los nuevos órganos necesarios no se hubiera completado a tiempo, pudiera aprobarse una moratoria que retrasara la entrada en vigor de esta atribución de competencias hasta que todo esté preparado. La seguridad y la dignidad de las víctimas es lo primero”, asegura.
NATURALEZA PENAL DE LOS JUZGADOS
En las iniciativas parlamentarias, CHA también defiende que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tengan naturaleza penal. “Aunque asuman ciertas competencias de derecho de familia, mientras esté viva la causa penal, esas competencias vienen de la mano y son consecuencia de la necesaria respuesta eficaz y eficiente que merece la víctima de violencia machista. Ocurre igual con los Juzgados de lo Mercantil, que en ocasiones tienen competencia en derecho laboral y en ningún momento se duda de la naturaleza del orden civil al que pertenecen”, ha explicado la abogada y responsable de Feminismos en el Consello Nacional de CHA, Isabel Giménez.
En relación con la naturaleza de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, los aragonesistas recuerdan que, tanto el Convenio de Estambul como la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, entre otras normas, consideran que las juezas y jueces de violencia deben ser especialistas en la materia.
Sin embargo, lamentan, “a fecha de hoy, todavía no solo no se ha creado esa especialidad, sino que el Estado tampoco la reconoce; por ello y para cumplir con las citadas normas, debiera establecerse esa especialidad en las mismas condiciones que, por ejemplo, la Ley Orgánica 1/25 ha reconocido la especialidad a las juezas y jueces de los Juzgados de Familia”.
Por eso, el diputado Jorge Pueyo ha emplazado al Ministerio de Justicia “a establecer por ley que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, o los órganos que en su caso los sustituyan, tengan naturaleza penal, aunque puedan asumir ciertas competencias civiles, en coherencia con diversas normas como el Convenio de Estambul o la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que establecen la especialización de las juezas y jueces de violencia sobre la mujer”.
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