ZARAGOZA, 2 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Justicia, ha puesto en marcha un programa para la instalación de energía fotovoltaica en los edificios judiciales de la comunidad autónoma.
El proyecto ha salido a licitación por un importe de 555.528 euros, de los cuales, 285.000 euros han sido captados del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR). Se prevé que las instalaciones fotovoltaicas entren en funcionamiento a finales de año, con una potencia total superior a los 400 KW, han indicado desde el Ejecutivo autonómico.
Se incluyen en esta iniciativa los edificios judiciales de la Ciudad de la Justicia y la Audiencia Provincial en Zaragoza, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón (IMLA), los Juzgados de Tarazona, Jaca y Monzón y la ampliación de las instalaciones del Palacio de la Justicia de Huesca.
Por otro lado, el juzgado de La Almunia cuenta ya con la instalación terminada y en funcionamiento; y el edificio que alberga los juzgados el de Ejea de los Caballeros tiene la puesta en servicio programada para el mes de noviembre, ambos adjudicados por un contrato menor que asciende a 23.670 euros.
La directora general de Justicia, María Ángeles Júlvez, ha explicado que “las ayudas gestionadas impulsan el plan estratégico de eficiencia energética iniciado por el Gobierno de Aragón hace tres años”, con el que se llevó a cabo la implantación de fotovoltaicas en el Palacio de Justicia de Huesca en 2019, que se amplía ahora, y la instalación completa de Fraga, que se ha puesto en marcha el pasado mes de marzo.
Júlvez también ha apuntado que la instalación en la sede judicial de Fraga “ha producido un ahorro medio del 30 por ciento en la factura eléctrica”, y en este sentido ha opinado que “la apuesta por una energía renovable en los espacios judiciales, en los que se puede instalar, supondrá un ahorro directo en los presupuestos”.
Asimismo, ha concluido que no todos los edificios son susceptibles de instalaciones fotovoltaicas, como ocurre en los tres partidos judiciales de la provincia de Teruel –Alcañiz, Calamocha y Teruel–, “en los que no se puede incorporar este tipo de energía por ser edificios protegidos”.
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