ZARAGOZA, 25 (EUROPA PRESS)
El diputado de IU en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, ha avanzado este martes que enmendará el proyecto de ley de Vivienda, que llegará este jueves a la Cámara, una norma que ha afirmado que “debe volver a chiqueros” porque es “la ley del mercado de la vivienda y no del derecho a la vivienda”.
“Bien podría ser la ley de los promotores de la vivienda y no la ley de la garantía de los ciudadanos al derecho a techo”, ha subrayado Sanz en una rueda de prensa junto al concejal de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza Suso Domínguez.
Álvaro Sanz ha aseverado que el proyecto de ley “deja todo en manos del mercado” y, como prueba, ha citado que “no hay más que ver la asignación presupuestaria para la garantía del derecho al techo”, que es un 0,3% de los presupuestos de la Comunidad, algo “escasísimo” para un bien “de primera necesidad” como la salud o la educación.
A su juicio, la vivienda es “un problema de muchísima actualidad”, lo que obliga a tomar decisiones y, a su juicio, las que se están tomando “no van en la dirección correcta” porque “acceder a un techo es prácticamente misión imposible para buena parte de la sociedad”, sobre todo jóvenes y personas con menos renta, por la debilidad de los instrumentos públicos para garantizar este derecho constitucional.
“Las políticas llevadas a cabo han profundizado en la liberalización del suelo y han considerado la vivienda única y exclusivamente como un objeto de mercado”, lo que ha costado “muchísimos recursos públicos al conjunto del Estado”, ha manifestado.
UN PARQUE PÚBLICO “RIDÍCULO”
El representante de IU ha destacado que España cuenta con un “ridículo parque público” de viviendas, con apenas 300.000 unidades en todo el Estado –1.000 en Aragón–, frente al 7% de media en el ámbito de la UE, lo que impide satisfacer las necesidades de ciudadanos que requieren un techo a precio asequible. “No podemos dar respuesta porque no tenemos vivienda suficiente”, ha remachado.
Ello implica que, al no ser el Estado “un gran tenedor”, no se puede intervenir en el mercado modulando los precios, lo que profundiza en la “carencia” y la “escasez” y deja la satisfacción de un derecho en manos de lo privado, que “no es precisamente muy proclive a pensar en los derechos de las personas”, sino que piensa “en el interés de los promotores, los propietarios y en las escaladas especulativas”.
En cuanto a la ley aragonesa, ha incidido en que no garantiza la protección permanentemente de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) y que incluso plantea rebajar la vigencia actual de dichas protecciones de los 30 años actuales a 20 en las promociones públicas y 10 en las privadas. “Cada año, en Aragón, se descalifican alrededor de 3.000 viviendas que pasan al mercado libre”, ha advertido.
“Si hay dinero público destinado a la construcción de vivienda, lo lógico es que esa vivienda siempre esté sometida a esa figura de protección para garantizar su interés social”, ha defendido el parlamentario de IU, quien ha alertado de que 3.000 viviendas al año pasan al mercado libre, “incrementando las espirales especulativas”, mientras que sólo se construyen alrededor de 700 a 800 VPO.
Ha lamentado también que no se plantee la figura del tanteo y retracto. “Es increíble que una vivienda que cuenta con una figura de protección oficial no sea adquirida cuando se descalifica por la propia administración”, ha agregado.
Sanz ha calificado la propuesta legislativa como “poco ambiciosa” porque está diseñada solo “para quienes pueden permitírselo” y tampoco asegura un alquiler social para personas vulnerables. “Estas medidas son pan para unos pocos hoy y mañana, y hambre para la mayoría siempre”, ha añadido.
“NO VALE CON UNA SOLA LÍNEA”
En sus palabras, el momento actual es “clave” para actuar ante este problema social, que es “complejo”, por lo que “no vale con una sola línea de actuación” y hay que incorporar “todas las capacidades que tiene el Estado” para garantizar este derecho, con políticas públicas de construcción, intervención en precios, la puesta en marcha de garantías para el alquiler y movilizar vivienda vacía.
En ese sentido, ha expresado su preocupación por “el camino que está asumiendo la derecha en el conjunto del país, especialmente en Aragón y en Zaragoza”, ya que, en su opinión, el PP “continúa con las medidas que condujeron a la burbuja inmobiliaria”.
Sanz ha criticado también que se trata de una norma “insumisa” a la ley estatal de Vivienda, porque “ni siquiera desarrolla” las herramientas que esta ofrece para poner coto a la especulación, además de que renuncia a establecer zonas tensionadas y a limitar el crecimiento de los precios de alquiler, que es “uno de los problemas fundamentales a día de hoy”.
El representante de IU ha asegurado que esta norma “no da solución a corto plazo” y que se limita a establecer condiciones para la construcción y el desarrollo urbanístico, sin regular ni aportar “ningún tipo de solución a lo que ya es un problema social y convivencial” como son las viviendas de uso turístico ni aborda el problema de las viviendas vacías.
Por otro lado, ha adelantado que enmendará lo relativo a la utilización de suelos dotaciones para la construcción residencial al entender que “esta medida debería ser la última a desarrollar” y no “la primera”, ya que estos suelos cumplen con una función urbanística y de dar servicios y calidad de vida a los habitantes de las viviendas.
PROPUESTAS EN ZARAGOZA
Por su parte, el portavoz de ZeC en esta materia, Suso Domínguez, ha anunciado que su grupo municipal llevará una moción en este ámbito al pleno que celebrará el Ayuntamiento el próximo jueves, 27 de febrero.
Ha enmarcado las iniciativas que van a plantear en el “clamor popular” ante la actual “crisis habitacional”, que requiere “una intervención potente desde lo público” que garantice que la vivienda es “un derecho humano” y no “un bien de mercado que sirva al mayor lucro de las constructoras”.
En concreto, ZeC se centrará en la VPO, ya que el 70% de las viviendas descatalogadas el año pasado, un total de 1.600, se encontraban en la ciudad de Zaragoza, y esas cifras van a ir en aumento en los próximos años.
Ha reclamado que “toda esa inversión que se ha hecho desde lo público durante muchos años financiando, subvencionando, apoyando la construcción de VPO debe revertir una vez más en lo público y no privatizarse y pasar a ser un buen individual”.
A este respecto, ha tildado de “anomalía” que la ley propuesta por el Ejecutivo de Jorge Azcón recoja una reducción de la duración de esa protección. Por ello, la iniciativa plenaria pedirá, en primer lugar, que la VPO mantenga “permanentemente” su catalogación, porque “no es de recibo que, después de grandes cantidades de dinero público invertidas, estas viviendas vuelvan al mercado libre a cantidades astronómicas favoreciendo el incremento de los precios y la especulación con ellas”.
En segundo lugar, ha cuestionado que el modelo elegido por el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento de Zaragoza para promocionar el alquiler asequible sea “ceder y regalar” suelo público durante 75 años, con el que las empresas “se lucran” tanto con la construcción como con la gestión.
Para Suso Domínguez, “no es de recibo que nada más se garantice el precio asequible de estas viviendas durante 15 años por persona y 30 años en cada vivienda, con lo que quedarían todavía más de 40 años en los que las empresas se lucrarían a precio de mercado”.
Frente a ello, desde ZeC han planteado que se mantenga ese carácter de vivienda asequible durante los 75 años de cesión del suelo público y no sólo 15 ó 30 años
- Te recomendamos -
