ZARAGOZA, 14 (EUROPA PRESS)
La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de la Escuela Pública de Aragón (FAPAR) ha manifestado su preocupación por el “perjuicio” que creen que va a ocasionar a la escuela pública, a la distribución equilibrada de alumnado con necesidades educativas, a la igualdad de oportunidad y a la participación de la comunidad educativa el nuevo decreto de escolarización, si finalmente incluye la zona única.
Así, FAPAR ha trasladado al Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón sus alegaciones al borrador del decreto, que han considerado que, “bajo la falsa premisa de la libertad de elección de centro de las familias y mejorar la organización del proceso de escolarización”, “lejos de mejorar el acceso, dejarán de garantizar la igualdad de oportunidades”, han señalado.
A su juicio, la zona única no va a ampliar la libertad de elección de las familias, sino que dificultará la planificación del proceso en la determinación de vacantes al no poder hacerlo con la perspectiva demográfica del entorno y empeorará la distribución del alumnado con necesidades educativas específicas, incumpliendo el mandato de la Lomloe.
Asimismo, han considerado que la inclusión de la etapa 0-3 años en el mismo proceso sin contemplar criterios de conciliación hará más difícil a las familias el acceso a estas plazas y la concertación en centros privados en lugar de ampliar la oferta pública supondrá “un ataque directo a la escuela pública que avanzará en su desmantelamiento”.
En cuanto a la creación de una nueva unidad de escolarización y la asunción de competencias directas desde la Dirección General, han opinado que restará funciones a los servicios provinciales, lo que mermará la participación de la comunidad educativa.
FAPAR ha criticado también la unificación del proceso para todas las etapas al primer cuatrimestre del año porque generará dificultades a las familias y a los centros, especialmente en ESO y Bachillerato, al no haber concluido el curso.
Por último, han manifestado que la derivación de aspectos fundamentales a la orden, en vez de incluirlo en el decreto, como el baremo o la concreción de la unidad de escolarización, “está privando a la ciudadanía de información sustancial del proceso, lo que reduce la transparencia”.
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