ZARAGOZA, 27 (EUROPA PRESS)
El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha rechazado, con los votos del PP y VOX una moción de los ‘populares’ sobre la cesión de competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña, al considerar que la distribución de menores inmigrantes no acompañados es un “reparto arbitrario”.
Asimismo, se critica que esta medida, fruto de los pactos del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para mantenerse en el poder, vulnera el artículo 149.1 de la Constitución española, “rompiendo” la unidad de acción en una cuestión clave para la seguridad y la cohesión social, y respondiendo exclusivamente a los intereses políticos del partido socialista en lugar de al interés general de los españoles.
En el segundo apartado se insta al Gobierno de España a garantizar que la política migratoria y el control de fronteras sigan siendo competencia nacional. Y el tercer epígrafe exige al Gobierno de España que priorice una gestión migratoria ordenada, coordinada y basada en criterios de interés general, garantizando el respeto, a la legalidad, el principio de igualdad entre todos los exclusiva del Estado. También que se impida cualquier cesión o delegación que otorgue a una ciudadanos y comunidades autónomas, la aplicación homogénea de la normativa migratoria en todo el territorio nacional y rechazando las cesiones del Gobierno del PSOE que contravienen estos principios.
El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, ha reiterado que esta cesión de competencias “vulnera la Constitución creando desigualdad de forma que Cataluña, con una población de 8 millones de personas, recibirá 20 menores y Aragón 186 menores cuando tiene 1,2 millones habitantes.
“Se pretende llenar de miseria a las comunidades autónomas, como Aragón sin recursos y con un reparto arbitrario”, ha agregado Lorén en su primer turno.
El concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha afeado al PP que se rebaje un 80 por ciento la partida de cooperación al desarrollo y que el pacto PP-VOX en Valencia “no acepte ni un MENA más”. “No se puede caer más bajo al mercadear con menores, que no son el problema de un país de 40 millones, hay que poner medios”.
“DESGUACE DE ESPAÑA”
El portavoz del grupo municipal de VOX, Julio Calvo, ha manifestado que la izquierda se centra en “lo accesorio”, pero lo importante es el “desguace” del Estado y la concesión de “privilegios a una autonomía en perjuicio de otra”. Ha preguntado a la izquierda si un socialista puede justificar las exigencias de Junts –que tiene el 1,6% de los votos de toda España– y seguir siendo socialista.
A su parecer, es “arbitrario” el reparto de menores inmigrantes y puede ser inconstitucional porque un real decreto ley no puede afectar a los derechos deberes y libertades de los ciudadanos, que están regulados en el Título 1, que también incumbe a los extranjeros.
El portavoz del PP, Ángel Lorén, ha dicho que el pacto migratorio entre el Gobierno de España y los nacionalistas catalanes “no solo roba recursos a otros territorios, sino que nos hacen más vulnerables”.
Ha preguntado por qué un catalán tiene que tener mas derechos que un aragonés y ha afeado al PSOE que critique el pacto del PP con VOX en Valencia cuando los socialistas pactan con Junts.
El concejal del PSOE, Paco Galán, ha argumentado que el PP y VOX “traen la cultura del miedo de que rompen España”. Traer menores extranjeros supone traer “pandilleros y quinquilleros”, ha recordado Galán en referencia a unas declaraciones de hace meses de concejales del PP y VOX a los que les ha avisado: “Si siguen en esta tentación de crear inseguridad igual vamos al juzgado por delitos de odio contra la diferencia y a eso están jugando porque no hablan de ordenar una crisis migratoria que también tiene que ver con el medio ambiente y el acceso a los recursos”.
Lorén ha replicado que no hace falta que vayan a los juzgados porque “ya están” al citar las causas judiciales de la familia del presidente Sánchez y de parte de responsables del PSOE federal. En su intervención ha relatado que ha habido 50 personas que han salido de un centro al cumplir la mayoría de edad y vienen otros tantos cuando hay más de 1.300 en todo Aragón. “Tras un año de estar en un programa de acogida se van a la calle porque han sido engañados y estafados por el Gobierno de Sánchez”, ha resumido.
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