HUESCA, 31 (EUROPA PRESS)
El Grupo Aragonés-PAR en la Diputación de Huesca ha reivindicado una normativa “clara y estable” para las quemas de residuos agrícolas, que no perjudique, sino que, al contrario, sea favorable a los agricultores aragoneses.
Con esta finalidad, este grupo defenderá, en el próximo pleno de la DPH, una propuesta de resolución en la que insta al Gobierno central y al de Aragón, así como a sus correspondientes ministerios y departamentos afectados, que se coordinen y regule, de acuerdo con las necesidades de los agricultores aragoneses, las soluciones precisas al tratamiento y, en su caso, tradicionales quemas, de los residuos vegetales y restos de podas en las explotaciones agrarias “que, en modo alguno, supongan inconvenientes y perjuicios para sus titulares”.
Según la exposición de motivos presentada por el Partido Aragonés, esta iniciativa responde a “la maraña legal en que se ha envuelto una actividad tradicional” para el tratamiento de los restos agrícolas y, específicamente, para los residuos generados por la imprescindible poda de árboles frutales, almendreras, oliveras, viñas o su arranque, que está provocando “malestar e inquietud” entre los agricultores.
Asimismo, indica el PAR, “la legalidad en adelante, además, se complicará todavía en mayor medida si se confirma la expectativa actual”, incidiendo en la necesaria eliminación de esos restos para prevenir plagas o la propagación de incendios.
Con todo ello, la habitual quema de esos residuos, ya sometida a determinados requisitos necesarios, ha derivado “en prohibiciones, autorizaciones extraordinarias e incompletas, perspectivas de incertidumbre, que deben ser resueltas por la trascendencia de estos cultivos y producciones, sustento de muchas familias en nuestras comarcas”.
LEGISLACIÓN
El Partido Aragonés recuerda que la Ley estatal 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular introdujo como novedad, prohibía bajo sanción, con carácter general, desde este año, esas quemas, que solo se permitiría excepcionalmente, mediante autorización por razones de carácter fitosanitario, para evitar la propagación de plagas en las propias plantaciones, montes o explotaciones vecinas.
Frente a esa limitación, el Gobierno de Aragón emitió una orden estableciendo las condiciones por razones fitosanitarias en la campaña 2022-2023 para el almendro, frutales de hueso, frutales de pepita, olivar, viñedo, así como a la actividad forestal –choperas, coníferas–.
Esta norma aragonesa autoriza las quemas tras la obtención de certificados, informes y permisos y equivale para “salvar o sortear” los obstáculos interpuestos “repentinamente” por la Ley de residuos” pero, por una parte, “no incluye otro tipo de actividades agrarias, como pueden ser los huertos familiares, tan abundantes en las localidades del medio rural e incluso urbano” y, por otra, incluye fecha de caducidad en la actual campaña, “de manera que queda en el aire la situación de cara a próximas campañas”.
El PAR ha considerado que el horizonte es “incierto” porque la prohibición general resulta “excesiva e incluso contraproducente” y durante la actual tramitación parlamentaria en las Cortes generales de la nueva ley por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas, se ha incorporado vía enmienda, una nueva disposición final que suprime el apartado restrictivo de la citada Ley de residuos.
“Podría pensarse que estas circunstancias negativas quedan despejadas”, ha esgrimido el Grupo Aragonés-PAR, pero no será la solución definitiva “porque la propia condicionalidad de la PAC, a su vez, prohibiría esas quemas, con sus consecuencias inherentes para los beneficiarios de las ayudas de la Política Agrícola Común, esencial para las explotaciones agrarias y sus titulares”.
De esta forma, mientras los huertos familiares, que no acceden a la PAC, quedarían “desregulados”, los agricultores, beneficiarios de la PAC, cuya tarea habitual supone generar restos vegetales y de podas o arranques “se verían bajo otra nueva e incierta regulación”.
El Partido Aragonés ha advertido de que en el caso de eliminarse por completa las quemas, las explotaciones deberían tratar estos residuos mediante forzoso triturado, que en algunos casos ya se realiza, o traslado a gestores habilitados para su destrucción, “con nuevos costes o también con riesgos –de plagas y propagación de incendios– en su defecto”.
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