ZARAGOZA, 25 (EUROPA PRESS)
El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicará “en los próximos días” el incremento de un 4,5% de los precios de las plazas concertadas en las residencias de personas mayores y dependientes, por encima del IPC, ha anunciado este martes el director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Ángel Val, quien ha comparecido ante la Comisión de Bienestar Social y Familia de las Cortes de Aragón a petición del diputado de IU, Álvaro Sanz.
Val ha señalado que el Gobierno de Aragón puso en marcha un “plan de choque” para impulsar la economía de los cuidados y reforzar las políticas de igualdad e inclusión con el objetivo de caminar hacia “un modelo centrado en la persona” y “el IASS ha estado comprometido con su puesta en marcha”.
Ha apuntado que a comienzos de 2025 había 20 plazas residenciales menos que al inicio de la pandemia, en 2019, con 11.150 públicas y 8.562 privadas, a las que se sumarán en 2026 un total de 160 plazas nuevas en las residencias, en construcción, de Ateca y el barrio zaragozano de Valdefierro.
El director del IASS ha asegurado que Aragón tiene “un déficit de profesionales en los Servicios Sociales que está aumentando en los últimos años”, añadiendo que el Instituto es consciente de “las dificultades para cubrir las plantillas”.
Respecto al personal, ha indicado que la competencia es estatal y las condiciones laborales están sujetas a la negociación colectiva, firmándose el octavo convenio colectivo en mayo de 2023.
UNIDADES DE CONVIVENCIA
A continuación, se planificó crear 20 “unidades de convivencia”, lo que requiere cambiar el diseño de las residencias y la formación de directivos y profesionales. Las futuras residencias de Ateca y Valdefierro ya estarán adaptadas a este modelo, “centrado en las personas y orientado a la comunidad”.
Para implantar las unidades de convivencia se destinaron 6 millones de euros para realizar obras e instalar equipamientos. “Es el modelo más eficaz para satisfacer las necesidades y demandas de las personas que se ven obligadas a vivir en un centro residencial”.
Val ha explicado que a finales de 2024 estaban en funcionamiento 8 unidades en Romareda, Hogar Doz en Tarazona, el centro asistencial de Calatayud, en la residencia Ciudad de Huesca y en Albarracín. Por otro lado, en 2025 se van a finalizar las obras de reforma integral para disponer de otras 7 unidades: 2 en Utrillas, 2 en Sagrada Familia y 3 en Javalambre; por último, en 2026 habrá 5 unidades más en Borja y las residencias de Ateca y Valdefierro abrirán con estas unidades incorporadas. Estos espacios son de tamaño reducido, con habitaciones individuales más grandes.
“Estoy seguro de que todos queremos un sistema público de Servicios Sociales que atienda lo mejor posible a los mayores”, lo que requiere financiación, ha continuado, insistiendo en que “sigue sin cumplirse” la normativa que obliga a la Administración General del Estado a asumir el 50% del presupuesto de atención a la dependencia, observando que el Gobierno de España sí pagará a algunas comunidades el 50% “e incluso más”.
También se ha referido al Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, del año 2022, y ha explicado que “la consecución de esos criterios se ha demostrado un reto complejo” por una cuestión de financiación.
“Sin un reconocimiento de los medios personales y materiales que realmente se necesitan y la correspondiente financiación para incorporarlos al sistema con todas las garantías, cumplir con lo acordado en el corto plazo no era posible en 2022 y sigue sin serlo al 100% en 2025”, ha afirmado.
“Saben que el presupuesto del IASS alcanzó un máximo histórico en 2024 y que estamos trabajando desde el primer día para solventar la precariedad heredada en muchos puntos del sistema, pero si no superamos los ‘derechos de papel’ dotándolos de recursos, no avanzaremos como quisiéramos”, ha aseverado Ángel Val.
“PRECARIEDAD Y EXTERNALIZACIÓN”
Álvaro Sanz ha afirmado que el conjunto de los recursos residenciales son “el derecho a techo del conjunto de personas mayores” que en otros casos recurren a “la familia o la precariedad y la externalización”.
“Impulsar el modelo de atención centrado en la persona es algo que va mucho más allá de un ‘slogan”, ha continuado el diputado de IU, quien ha urgido a cambiar “dinámicas”, extender el modelo a todo el parque residencial, aseverando que “las lógicas que desarrollamos desde la Administración están centradas en los protocolos, pero muy poco en la satisfacción de los derechos de las personas atendidas y el primero es la participación”.
Sanz ha considerado que “superar la protocolización de la atención” es dar garantía de buen trato, lo que “exige muchos más recursos”, poniendo el ejemplo de las sujeciones físicas o químicas, reclamando “más personal que atienda y acompañe” a los residentes.
El diputado de IU ha emplazado a Val a actualizar el Decreto de Condiciones Mínimas de 1992, que “está obsoleto, desfasado, y es incapaz de dar respuesta a las necesidades de nuestros mayores”, lamentando que el director del IASS no tenga intención de modificarlo.
MÁS PRESUPUESTO PARA EL IASS
En el turno del PP, la diputada Silvia Casas ha dicho que los Servicios Sociales se encontraban en una situación de “precariedad absoluta” porque el PSOE recortó el presupuesto en 8 millones la atención a la dependencia, aumentándolos después el Gobierno autonómico de Jorge Azcón.
La parlamentaria socialista Pilimar Zamora ha opinado que “resulta difícil encontrar avances en la legislatura” respecto a la mejora de las condiciones de vida de los mayores, echando en cara al Gobierno autonómico que no ha aprobado la Orden que regulará las prestaciones de la autonomía personal, tampoco la Ley del Mayor, y no se ha desarrollado la Estrategia contra la Soledad no Deseada.
Para el diputado de VOX, David Arranz, “hay que priorizar los recursos públicos”, recomendando “suprimir el gasto superfluo”, pagar sueldos dignos a los cuidadores, mejorar las infraestructuras de las residencias y proteger a los mayores de la inquiocupación.
También ha intervenido la diputada de CHA Isabel Lasobras, quien ha reclamado “claridad, compromisos firmes y medidas eficaces para una atención digna y de calidad”, recalcando que la atención a las personas es uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar.
Por último, la parlamentaria de Aragón-Teruel Existe Pilar Buj ha opinado que “el panorama es desalentador”, ha apuntado que 41.954 aragoneses tienen reconocida la dependencia y ha preguntado “cuantos deberían tenerla reconocida y no la tienen porque la Administración aún no ha llegado”.
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