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El Gobierno lleva la resolución del TACPA sobre La Romareda al TSJA al “faltar de argumentos jurídicos”

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ZARAGOZA, 13 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Zaragoza cree que “carece de argumentos jurídicos básicos” la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) que anula el proyecto de la nueva Romareda, al estimar el recurso que presentó Podemos a los pliegos de licitación, por lo que ha adoptado el acuerdo de presentar, sin agotar los plazos, un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

El portavoz del Gobierno de Zaragoza, Víctor Serrano, ha explicado que este recurso se interpondrá tras el informe elaborado “con rigor” por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento que considera que la resolución del TACPA “está ayuna de legalidad” y cree que este acto administrativo se ha adoptado “prescindiendo de argumentos jurídicos básicos” por lo que se defenderá la viabilidad del proyecto.

La resolución del TACPA, ha agregado Serrano, “no tiene visos de estar ajustada a derecho y con ese “rigor y firmeza” y con la trayectoria que ha seguido el PP “se va a seguir defendiendo este proyecto con todas las garantías jurídicas”.

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Dicho recurso se elaborará “en concordancia con los anclajes jurídicos y la seguridad que otorga la independencia y profesionalidad de los funcionarios municipales”, abriendo así la vía judicial que dé respuesta a “los derechos legítimos del mejor proyecto que ha tenido la ciudad para construir un nuevo estadio de fútbol, que no le costaría dinero a los ciudadanos y que revertiría en cuantiosos beneficios para Zaragoza, desde los aspectos económico, de empleo y de proyección exterior”, ha detallado Víctor Serrano.

A este respecto, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Zaragoza defienden la absoluta legalidad y legitimidad de emplear la fórmula de derecho de superficie para la construcción y explotación del estadio municipal, así como sus usos terciarios incorporados, en línea con los distintos proyectos emprendidos bajo este formato por distintas administraciones públicas, en concordancia con la legislación y normativa vigente.

((Habrá ampliación))


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