ZARAGOZA, 20 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Aragón sigue trabajando para “dar seguridad jurídica” a todos los operadores de energías renovables, después de que –este martes– el Consejo de Ministros haya acordado presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley autonómico de 20 de marzo de medidas urgentes para la transición energética y el consumo de cercanía.
La vicepresidenta segunda y portavoz del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que “se conocía el cuestionamiento” de este decreto-ley por parte del Gobierno de España y ha considerado que “lo excepcional es que no se llegue a ningún acuerdo”.
Ha apuntado que un total de 20 artículos del decreto-ley están afectados por las “dudas de constitucionalidad” y que los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón consideraron que la eliminación de algunos artículos “repercutía claramente en la seguridad jurídica” de la norma y que “para los operadores no hubiera sido útil”, por lo que el Gobierno de Aragón ha defendido el conjunto del decreto-ley.
También ha indicado que el grupo popular se abstuvo durante la votación de este decreto-ley en las Cortes de Aragón, durante el último tramo de la anterior legislatura. Ahora, una de las opciones es aprobar una ley de garantías.
“La filosofía es llevar a cabo una ordenación de las renovables y hacerlo de la mano del territorio”, ha enfatizado Vaquero, quien ha añadido: “Esa filosofía no cambia”.
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