ZARAGOZA, 16 (EUROPA PRESS)
El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha trasladado a los empresarios de la comunidad autónoma que hay inmigrantes que están en condiciones de trabajar “casi inmediatamente” y hay otras personas que tienen que cumplir unos plazos hasta que regularicen su situación en España.
Fernando Beltrán ha mantenido una reunión de trabajo con las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME; junto con las entidades encargadas de gestionar la atención a migrantes en Aragón –CEPAIM, APIP-ACAM, ACCEM, Obra Social Santa Luisa, Cruz Roja e YMCA– sobre la incorporación al mercado laboral de las personas migrantes.
La finalidad es establecer canales directos de comunicación y, sobre todo, explicar también a los empresarios que hay personas que están en condiciones de ponerse a trabajar al relatar que se han producido situaciones en que algunos inmigrantes han encontrado ofertas de empleo o han venido a buscarlos de otras comunidades autónomas cuando había empresarios buscando en Aragón, pero no conocían exactamente los canales de comunicación. También se han producido en los que las empresas no conocen a las entidades de acogida que están trabajando en distintos puntos del territorio.
El delegado del Gobierno ha explicado que la tipología de los migrantes en Aragón es muy diversa. Los últimos casos son la llegada de personas de la zona del Sahel por la emergencia canaria, pero realmente de aproximadamente del 1,1 por ciento de la población aragonesa que son migrantes en situación irregular, unas 15.000 personas, el 80 por ciento llega de América central y de América del sur en avión, con un visado de turistas y se quedan a buscar trabajo en España.
Del África llega sobre el 10% de esos migrantes irregulares, pero “mediáticamente son los que están teniendo ahora mismo más foco”, ha precisado. Los del Sahel, que son los últimos que se han alojado en Mora de Rubielos, vienen de países en guerra, con democracias fallidas, con problemas de facciones extremistas que tratan de hacerse con el poder y salen huyendo de una situación de guerra, de violación de derechos y están viniendo a España para buscar, por un lado, protección internacional y, por otro lado, el poder, en cuanto les sea posible, trabajar y poder mandar dinero a sus países. Hacen viajes entre 1.400 y 1.600 kilómetros en embarcaciones y que muchos de ellos pierden la vida en el trayecto.
Estas personas, las que solicitan protección internacional, tienen un recorrido hasta que llegan a la posibilidad de trabajar. El resto de migrantes, los que vienen de Sudamérica o los que vienen de otros países no comunitarios, están en España buscando otro tipo de cosas.
CANAL DIRECTO
Este colectivo puede buscar estudiar, pueden buscar integrarse en un centro de investigación porque tiene la titulación que lo acredita, puede hacer voluntariado, puede estar buscando agrupación familiar y hay otras personas que tienen que someterse a tratamientos médicos, ha enumerado.
“Es tan amplia que es importante que los empresarios conozcan bien de qué estamos hablando, de cuáles son las modalidades de acogida o de proporcionar papeles, como decimos coloquialmente, a todas estas personas y establecer con ellos canales de comunicación directos para casar la oferta y la demanda”.
En el caso de la población de la zona del Sahel, muchos de ellos vienen con algún oficio que ya han practicado en sus países de origen como mecánica, electricidad, sector agrícola y ganadero.
SABIÑÁNIGO
Sobre el caso de unos inmigrantes acogidos en Sabiñánigo que recibieron una oferta en Burgos que resultó ser falsa, el delegado ha comentado que el jefe de la Inspección de Trabajo en Aragón lo está estudiando al haberse producido la contratación fraudulenta.
Beltrán ha explicado que como delegado del Gobierno no puede recabar la información directamente, pero sí a través de la red de los jefes de las inspecciones de trabajo y es lo que se va a hacer.
TRES FASES
También ha detallado que se trabaja en tres fases con las personas que han solicitado protección internacional en España. La primera es nada más bajar de la embarcación, con una valoración de si solicitan esa protección internacional, si necesitan asistencia médica o quieren viajar a otros países.
La segunda fase es la acogida, como en Mora de Rubielos, donde se les informa de sus posibilidades en España, el aprendizaje de la lengua española y las necesidades más inmediatas.
La tercera fase, que se llama de autonomía, “es el ideal”, porque esas personas con el tiempo mínimo transcurrido en España, con un mínimo conocimiento del idioma y con capacitación laboral pueden emprender una vida autónoma.
Esas personas de Sabiñánigo que han marchado han pasado automáticamente a la fase de autonomía, con lo cual tendrían la misma consideración que una persona española que pierde su trabajo y que se queda en la calle, “exactamente la misma consideración”, ha remachado. Se les considera ya en fase de autonomía, con lo cual la intervención directa tendría que ser ya de servicios sociales, de la comunidad autónoma para la búsqueda activa de empleo a favor de estas personas. Han saltado a la fase que en el ideal supondría que están trabajando ya que tienen ingresos y que pueden buscar un piso de alquiler, pero que ha sido fallida por un supuesto fraude y es lo que se está estudiando.
Ha precisado que se han quedado tan desprotegidos como una persona que pierde el piso y pierde el trabajo. “Son población vulnerable, pero ya no están en la fase de acogida a base de un programa de protección internacional, sino que están en una fase en la que la comunidad autónoma, que es la competente en esta materia, tiene que trabajar con poblaciones vulnerables, y estos son uno más de una población vulnerable”. Son ciudadanos que tiene permiso de trabajo y de residencia en España, que no tiene trabajo y que están en una situación vulnerable.
Al respecto, ha puntualizado que la responsabilidad es del Gobierno autonómico y para las necesidades inmediatas de los servicios sociales comarcales.
DEBATE EN LA UE
Sobre la oferta de trabajo fraudulenta, el delegado del Gobierno en Aragón ha indicado que “es lo que tenemos que hablar con ellos para investigar o rastrear bien el caso. Evidentemente, por las conversaciones telefónicas que hemos tenido con la entidad, no se detectó ningún fraude, ni el contrato, ni la actividad que tenían que desarrollar y lo que tenemos que investigar ahora es qué ha pasado”.
En cuanto a de quien es la responsabilidad, ha dicho que “una cosa es perseguir el fallo y denunciarlo, que eso sí que supondría que la entidad de acogida, en su caso, interpusiera una denuncia, y otra cosa es la situación de vulnerabilidad en la que se queda la persona”.
Son dos escenarios o son dos casuísticas diferentes, y por un lado la entidad de acogida deberá personarse o denunciar para decir que ha sido engañada, tan engañada como lo podía ser el trabajador, pero la situación de vulnerabilidad de la persona adquiere otro “estatus” porque, es una persona que ya tiene su permiso de trabajo y de residencia. Sería una situación similar a una persona de 55 años que lo despiden del trabajo, se queda sin nada y pierde el piso. Es una situación de vulnerabilidad, ha comparado.
Sobre el debate en la UE para crear centros de acogida de inmigrantes fuera del territorio comunitario, se ha mostrado contrario porque con el Gobierno de España se trabaja en la búsqueda de recursos habitacionales en territorio nacional porque “no es una cantidad de personas que no puedan ser acogidas, tratadas, acompañadas en España”.
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