ZARAGOZA, 13 (EUROPA PRESS)
El Colegio de Abogados de Zaragoza (ReICAZ) ha manifestado su compromiso con la defensa de la separación de poderes como garante de la “absoluta independencia de la Administración de Justicia y, por ello, de todos los actores en la misma”.
Así lo han indicado en una nota de prensa desde el ReICAZ, tras conocer el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts per Catalunya para apoyar al candidato socialista a la Presidencia del Gobierno de España, Pedro Sánchez.
“La Junta de Gobierno del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza es consciente de que el reconocimiento de los Colegios en el artículo 36 de la Constitución, les otorga una dimensión pública”, han apuntado, para después añadir que ello impone “mantener la neutralidad política e ideológica” en la exposiciones públicas.
Esta consideración fue determinada por el Tribunal Supremo en Sentencia de la Sala Tercera de 27 de junio de 2019 y, en la misma línea, la Sentencia de la misma Sala de 21/11/2022.
Por otra parte, han recalcado que uno de los fines esenciales de los Colegios es la defensa del Estado social y democrático de Derecho proclamado en la Constitución, así como la promoción y defensa de los Derechos Humanos, tal y como contempla el artículo 67, letra h), del Estatuto General de la Abogacía Española.
“En nuestro Estado social y democrático de Derecho, los profesionales de la Abogacía desempeñamos una función esencial, sirviendo a los intereses de la Justicia mediante el asesoramiento jurídico y la defensa de los derechos y libertades públicas”, han aseverado, aunque “antes del inicio de nuestro ejercicio nos hemos comprometido a acatar la Constitución y resto del Ordenamiento Jurídico, cumpliendo el artículo 544.1. de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial”.
“El desempeño de nuestro ejercicio profesional tan sólo es posible en un contexto en el que la separación de poderes garantice la absoluta independencia de la Administración de Justicia y, por ello, de todos los actores en la misma”, han precisado.
Para la defensa de la “independencia”, el Estatuto General atribuye y encomienda a las Juntas de Gobierno de los Colegios el ejercicio de los derechos y acciones “contra quienes entorpezcan el buen funcionamiento de la Administración de Justicia o la libertad e independencia de nuestro ejercicio profesional, lo que va indefectiblemente unido. En esto creemos y nos hemos comprometido a defenderlo”, han concluido.
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